San Sebastián

La Fiscalía investiga posibles delitos en la transformación de una villa protegida de Ategorrieta

Áncora señala que dirigió un escrito al Departamento de Urbanismo en el que pedía la paralización de las obras y que «no obtuvo respuesta». Como consecuencia de ello, «la villa aparece gravemente mutilada y el jardín ha sido arrasado, perdiéndose su frondosa cubierta vegetal compuesta por magnolios, palmeras, limoneros, tamarindos y un magnífico ejemplar de tulipanero».

Se trata de una antigua casa de campo con parcela arbolada de casi 1.976 m², diseñada por el arquitecto Ramón Cortázar y construida en 1912, con el añadido en 1946 de un anexo firmado por el arquitecto Florencio Mocoroa. La villa no estaba catalogada pero en la última revisión del Peppuc se incluyó junto a otras 125 villas históricas. Aunque se blindó con el grado más bajo de protección, el grado D, la ficha de esta construcción en el Peppuc exige la protección de todos los elementos de la fachada y califica como «permanentes» los elementos de piedra, los entramados y la cubierta. El Ayuntamiento rechazó durante la última revisión del Peppuc una alegación presentada por los propietarios para que no se protegiera el inmueble. En Áncora llama la atención la contradicción que supone proteger la villa para seguidamente aprobar una licencia que «mutila gravemente» el inmueble y desconfigura la parcela. La asociación de defensa del patrimonio indicó que en diciembre de 2021 la promotora Lurain XXI presentó «un proyecto básico para la construcción de 6 viviendas, anejos y garajes» en la citado solar y la solicitud «fue informada favorablemente por el arquitecto de Edificación y Peppuc» del Departamento de Urbanismo, por lo que obtuvo licencia de obra mayor el 14 de septiembre de 2022. «Los trabajos se iniciaron el pasado mes de noviembre, conllevando la destrucción de varios elementos protegidos», afirma la asociación, entre ellos «la escalinata de acceso, el porche, el piso superior y la totalidad del sistema de cubrición de la casa».

Áncora presentó en abril una denuncia en la Fiscalía «por la comisión de un presunto delito de prevaricación». Analizada la denuncia, el fiscal Richard Iglesias ha decretado que «procede incoar diligencias de investigación preprocesales y practicar cuantas actuaciones sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados, a priori sobre el patrimonio histórico, en su modalidad de prevaricación de autoridad o funcionario público», una resolución ante la que no cabe recurso alguno. Fuentes de Urbanismo señalaron a DV que analizarán si el promotor ha actuado conforme a la licencia concedida.