Los dueños de la noria se enfrentan a una multa de 30.000 euros como mínimo

La empresa titular de la atracción podría verse inmersa en un procedimiento de carácter administrativo por presuntas irregularidades en la contratación del personal que desembocarían en una multa mínima de 30.000 euros, 6.000 por cada operario. A esta sanción habría que sumar la que pudiera derivarse por la falta de medidas de seguridad con las que el personal llevaba a cabo su trabajo. Incluso fuentes jurídicas consultadas no descartan que el caso termine en los tribunales por la presunta comisión de un delito contra el derecho de los trabajadores.

Las mismas fuentes opinan asimismo que la responsabilidad podría alcanzar al Ayuntamiento, que ayer descargó ese deber en la empresa, por no haber supervisado y controlado cómo se acometía la operación.

Ante la imposibilidad de regularizar la situación de los cinco trabajadores -cuatro son originarios de Mongolia y otro de China- en un plazo breve de tiempo, la empresa de la noria ha decidido hacerse con los servicios de una firma vasca especializada en trabajos verticales que en ayer por la tarde retomó el despiezado de la estructura que quedó paralizado el martes, a las pocas horas de empezar.

En principio, los dueños de la feria habrían llegado a un acuerdo con esta empresa y espera que empiece a colaborar en las labores en cuando presente el preceptivo plan de trabajo. Ayer, no obstante, la Inspección autorizó que los dueños de la noria pudieran acceder al recinto para continuar con el desmontaje. Solo ellos estaban autorizados a acometer los trabajos.

El grupo de operarios de Mongolia y China estaba precisamente especializado en el montaje de esta clase de estructuras en Francia y acudía allí donde era requerido. Sin embargo, a la vista de la información aportada por Trabajo, todo induce a suponer que lo hacía de manera absolutamente irregular, es decir, sin permiso alguno de las autoridades del país vecino.

Al parecer, las labores de montaje que se llevaron a cabo en diciembre fueron ejecutadas por el mismo grupo de personas, si bien entonces su situación pasó totalmente desapercibida para las autoridades laborales.

Las tareas de retirada de la estructura fueron interrumpidas en torno a las 11.15 horas del martes, después de que un particular informase a la Etzaintza de que los trabajos estaban siendo acometidos vulnerando la normativa en materia de salud laboral. El denunciante comunicó que los operarios no portaban el material ni los elementos mínimos de seguridad. En este sentido, señaló que ni siquiera llevaban casco y precisaron que una de las personas que se mantenía sobre la estructura, a varios metros de altura del suelo, tampoco portaba el preceptivo arnés anticaídas.

Una vez cursada la denuncia, al lugar se desplazaron agentes de la Policía autonómica que tras contactar con los responsables de la operación ordenaron la paralización de los trabajos. Seguidamente, según fuentes del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, los agentes dieron cuenta de la situación al Ayuntamiento así como a la Inspección de Trabajo del Ejecutivo autonómico.

A primera hora de la tarde, compareció en el lugar una técnico de dicha Inspección que levantó acta de la situación, a la vez que requirió al responsable de la obra la documentación relacionada con los contratos y permisos de trabajo de los cinco operarios que estaban procediendo a la retirada de la estructura.

En los minutos posteriores se personaron en la zona agentes de la Unidad de Control de las Ordenanzas Municipales (UCOM) que identificaron a los cinco trabajadores de Mongolia. Estos mostraron sus pasaportes, que fueron examinados por los guardias, que además cotejaron la autenticidad de los mismos.

La inspectora de Trabajo requirió igualmente otro tipo de documentación relacionada con los operarios contratados y al no disponer de la misma, el despiece de la noria quedó paralizado hasta ayer.