Defensa rechazará los recursos de la Hípica y ultima la orden de desalojo de la instalación

Según ha podido saber DV, el expediente de desalojo se encuentra en estos momentos en proceso de tramitación, pendiente de que se acuerde la resolución administrativa por parte de la autoridad competente del ministerio. Los recursos del club también están siendo contestados, una vez recabados los informes jurídicos pertinentes, en sentido denegatorio.

Defensa ha informado por escrito a la Asociación de Usuarios y Amigos de la Hípica de que la permanencia del antiguo concesionario en el complejo no cuenta con amparo jurídico alguno, por lo que la actividad formativa debe cesar y las cuadras han de ser vaciadas. El bar cerró sus puertas en junio, en cumplimiento de la orden ministerial, y ya apenas quedan caballos particulares –se habla de dos o tres–, pero las clases continúan impartiéndose con normalidad e incluso siguen acercándose personas interesadas en apuntarse.

La situación es de indefinición e incertidumbre. Por un lado, al bar llegan solicitudes de reserva para bodas, comidas de empresa y otros eventos multitudinarios, pero no se pueden confirmar ya que aparte de estar el establecimiento ahora mismo cerrado al público, se desconocen los plazos y la fecha de lanzamiento del desalojo.

Por otro, los usuarios no saben qué les deparará el futuro, ya que pese a que siguen intentando que desde las instituciones les den una solución definitiva, no pueden hacer mucho más que esperar acontecimientos. Entretanto, desde la asociación se han vuelto a poner en contacto con el ministerio para reiterar su deseo y voluntad de permanecer en las instalaciones y para desmarcarse por completo de las demandas y la manera de proceder del club.

También está por ver qué sucede con los posibles incumplimientos de contrato por parte del concesionario, que en el momento de la firma se comprometió a devolver la Hípica como la encontró pero la realidad es que la falta de inversiones y mantenimiento han provocado el progresivo deterioro de las instalaciones.

Ayuntamiento y Defensa mantienen por otra parte contacto permanente para tratar la compraventa de los cuarteles de Loiola. Según avanzó el alcalde, Eneko Goia, en una de sus últimas comparecencias públicas, habrá una «cita próxima» para analizar la situación creada con la sentencia que obliga a conservar parte del complejo militar.

El encuentro servirá para definir los siguientes pasos a dar una vez conocido el fallo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco al estimar un recurso de Vox al Peppuc. Esta decisión ha trastocado los planes de ambas instituciones, que ya habían pactado incluso el precio de la operación de compraventa de los terrenos. Ahora, el escenario ha cambiado y es momento de determinar en qué medida y cuáles son las posibles soluciones y alternativas para sortear este obstáculo y sellar el acuerdo.