El Ayuntamiento de Donostia acogerá de urgencia a los okupas de Martutene antes de su desalojo este jueves

Aunque las redes de acogida contabilizaron la semana pasada 111 personas viviendo en el antiguo instituto, 107 varones y 4 mujeres, de entre 20 y 40 años y procedentes de países del norte de África, el Ayuntamiento tiene controlados a 84 establecidos de manera «fija» en el inmueble, y el resto sería más fluctuante. Esos 84, con los que «los servicios sociales ya venían trabajando», presentan «situaciones muy distintas», ya que entre ellos hay «estudiantes de EPA o primeros ciclos de FP», «trabajadores», gente «más vulnerable» y también quien «delinque» y/o «rechaza toda ayuda». Así, para cada uno se está diseñando «un itinerario particular» en función de «las necesidades de cada uno». Para ello se contempla tanto «recursos económicos como infraestructuras», explican desde el gabinete del alcalde, Jon Insausti. También advierten de que «a los delincuentes se les perseguirá y se pondrán a disposición de la Justicia».

Las mismas fuentes matizan que su labor está coordinada con Diputación de Gipuzkoa, pero aseguran que «Donostia sostiene, casi en solitario, una carga asistencial que excede ampliamente sus competencias formales y sus capacidades materiales», por lo que piden la «corresponsabilidad del Gobierno Vasco». El Ayuntamiento no tiene decidido aún el recurso que habilitará para estos okupantes, aunque la primera opción sería el albergue de La Sirena.

La intervención municipal evitaría un desahucio que, según advirtieron ocho colectivos en rueda de prensa, «a las puertas del invierno», agravaría la vulnerabilidad de los okupantes, al tener que buscar un refugio en una ciudad con «otras más de 400 personas en situación de calle», y varios asentamientos -almacenes abandonados o bajos de puentes- «casi» al máximo de su capacidad, lo que podría generar tensiones.

Desde las redes de apoyo ciudadano, -a las que se vino a adherir EH Bildu a través de un comunicado- mostraron su «preocupación» por el porvenir de las personas que habitan el lugar, algunas desde hace «más de dos años». Antes de conocer la intención municipal, criticaron que «el Ayuntamiento, la Diputación y el Gobierno Vasco» -que fue propietario del solar hasta que en junio de 2024 lo compró la Fundación Gune para impulsar un proyecto de formación profesional- «saben que estas personas se van a quedar en la calle, mínimo desde 2024, y no han hecho nada para prever esta situación». Así, afearon que su desalojo pudiera no ir de la mano «de los servicios sociales sino a la fuerza», y alertaron del «riesgo de que con la colaboración de las distintas fuerzas policiales» se «requisen documentaciones y se pongan en marcha los procesos de expulsión» del país.

La situación de muchos de los moradores del instituto es reflejo de una realidad derivada de la ley de extranjería, que «obliga» a estas personas «a vivir de forma irregular durante mínimo dos años, sin las condiciones de vida básicasa aseguradas, sin permiso de trabajo y, por lo tanto, sin fuentes de ingreso». En este sentido, apuntaron que «en Donostia, lo único que se les ofrece son cinco noches en un albergue cada tres meses; de ahí en adelante, la calle es la única alternativa que les queda».

Los colectivos convocantes -Donostiako Harrera Sarea, Kaleko Afari Solidarioak, Donostiako Etxebizitza Sindikatu Sozialista, Amara Berri Ehuntzen, Guztiontzako Egia Auzotar Sarea, Herripe Auzo elkartea, Martuko Harrera Taldea y Saretxe Etxebizitza Sindikatua- concluyeron que «en Donostia el racismo está en auge», en especial hacia «personas magrebíes».

Para protestar por este desahucio, llamaron a una movilización el próximo jueves, a las 19.00 horas, frente a los juzgados de Atotxa. El Ayuntamiento, por su parte, pidió a la sociedad «discreción» mientras trata de gestionar una alternativa de urgencia.