Urkullu aclara que Euskadi cumplirá el decreto energético pero critica a Sánchez por imponerlo
El lehendakari zanja la polémica y asegura que «el Gobierno Vasco está sumando de manera responsable» a la hora de ahorrar gas y electricidad
El lehendakari Iñigo Urkullu zanjó ayer la tensión que se había generado en los últimos días entre Lakua y el Gobierno central a raíz del plan de ahorro energético diseñado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Urkullu se manifestó en sus redes sociales y divulgó dos mensajes nítidos. En primer lugar, la evidencia. Que al tratarse de un real-decreto, Euskadi cumplirá con la ley. No le queda otra y la estrategia vasca nada tiene que ver con la resistencia de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid y que ha convertido en discurso de contestación en un ariete de oposición al Gabinete de Pedro Sánchez. No hay margen para la desobediencia. Pero, y esta es la segunda reflexión, también deslizó su malestar por no haber sido consultado en esta materia por la Administración central.
Urkullu se pronunció en su cuenta de Facebook y, de esta manera, rebajó el polémico suflé iniciado hace tres días por la consejera de Desarrollo Económico del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, y continuado al día siguiente por el delegado del Gobierno, Denis Itxaso, y por el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López. Tapia tachó de «efectistas» las propuestas procedentes de Madrid, reivindicó que Lakua estaba diseñando su propio protocolo e incluso dejó entrever que Euskadi mantendría su hoja de ruta propia para reducir el consumo de electricidad y gas, mientras que López contraatacó preguntando si «las ocurrencias son menores si las decide el Gobierno Vasco».
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La discrepancia política sobre cómo abordar la emergencia energética fue iniciada, en realidad, por la presidenta de la Comunidad de Madrid, que criticó abiertamente el plan del Ejecutivo Sánchez y añadió en un principio que no estaba por la labor de cumplir. Posteriormente, desde Euskadi, Tapia reivindicó un espacio propio para la comunidad autónoma. Como sucedía en la pandemia.
«El real-decreto le confiere un rango, sin duda, y las medidas han de ser cumplidas». Antes de que el tono entre ambas formaciones políticas, socios en Euskadi y aliados en Madrid, fuera a mayores, Urkullu rebajó la tensión con un discurso más institucional y conciliador en cuanto al cumplimiento de la ley, pero subrayó, una vez más, su malestar por la manera unilateral en la que Pedro Sánchez toma sus decisiones.
En todo caso, Urkullu recordó que el Gobierno Vasco adoptó las últimas medidas, dirigidas a los edificios de las administraciones vascas, en base a la Ley de Sostenibilidad Energética aprobada en 2019 en el Parlamento Vasco.
El lehendakari Urkullu expresó también su descontenton el proceder de Madrid al criticar que «habría agradecido» que un real-decreto ley con medidas sancionadoras «hubiera tenido un ejercicio de contraste de las diversas realidades que reflejan todos los sectores afectados, así como el conocimiento de la reflexión y actuación homogénea por parte de la Unión Europea».
También insistió en que en lugar de poner el foco en las sanciones y prohibiciones, se debería ampliar el esfuerzo en la pedagogía: «Lo prioritario, en la necesidad de actuación global para la eficiencia energética y el ahorro en el consumo, lo cual supone un cambio en los hábitos y es una tarea a medio plazo, además de medidas realistas a corto plazo, es la pedagogía y concienciación social». «Habría agradecido un ejercicio de contraste de las diversas realidades que reflejan todos los sectores afectados». En este sentido, el lehendakari aseguró que Euskadi «lleva años apostando por una estrategia global para conseguir una mayor eficiencia y ahorro energético de sus edificios e instalaciones, más allá de estas medidas concretas que ahora se imponen».
«Las medidas adoptadas por el Gobierno español encuentran, sí, base competencial en la Constitución, pero más allá de esa opción, el Gobierno español podría haber tenido más en cuenta a las comunidades autónomas y no haber ampliado sus bases hasta los extremos exigidos en estas medidas, pudiendo haber compartido con las comunidades, en coordinación con la Administración General del Estado, la definición de las medidas», reprochó.
Cogobernanza
Urkullu señaló que «podría haber hecho patente, en este caso, la tan proclamada cogobernanza sin excluir, de inicio, la intervención normativa de las comunidades en la propuesta de medidas». «En definitiva, más que de encontrar título competencial y legitimidad, se trata también de dilucidar hasta dónde se extienden las bases, en una actuación que es ya característica del Gobierno español», añadió. En relación a la petición expresa de la vicepresidenta Teresa Ribera de que «todos sumemos», se mostró tajante: «El Gobierno Vasco está sumando de manera responsable», concluyó.
