Miguel Pallarés

«El sistema tiene que cambiar para que el fiscal general sea del Estado, no del Gobierno»

–Un fiscal general condenado por la Magistratura constituye un hecho sin precedentes en la democracia española. El proceso ha tenido que provocar un desgarro en la carrera.

–Nuestra asociación, desde el minuto uno, pidió al fiscal general que dimitiera, porque resultaba incompatible el ejercicio de su cargo con estar siendo investigado por el Tribunal Supremo como presunto autor de un delito. No lo quiso hacer y nos vimos obligados entonces a solicitar la personación en la causa, porque considerábamos que iba a producirse una falta de apariencia de imparcialidad por parte de la institución. Se lo trasladamos a todos los fiscales en un comunicado: al no renunciar al cargo, García Ortiz privaba a la Sala Segunda del Supremo de contar con un Ministerio Fiscal que actuara bajo al principio de imparcialidad, tal como impone la Constitución, porque era imposible que ningún fiscal pudiera guardarla teniendo como imputado a su jefe. Y advertíamos de que esa imputación contaminaba a toda la carrera. No nos habríamos personado si hubiera dimitido.

–Los fiscales se han dividido ante este enjuiciamiento. Colegas suyos despidieron con aplusos a García Ortiz en la Fiscalía el día que comenzaba la vista en el Supremo.

–Aquello no me gustó nada. No es correcto que en la sede de todos los fiscales se produzca una manifestación pública de apoyo a alguien enjuiciado ante el Supremo. Fue de una gravedad evidente, una falta de respeto al tribunal.

–¿Lo fue que el presidente del Gobierno reivindicara la inocencia del fiscal general en puertas de que se abriera el juicio?

–Eso es un disparate que nos tiene que hacer reflexionar, como sociedad, en que algo ha fallado. Porque un Gobierno no puede intervenir. Cuando más respaldo tenga un fiscal general del Gobierno, más se acerca a ser el fiscal general del Gobierno antes que del Estado.

–¿Y ahora qué? ¿El daño a la institución es irremediable?

–Tenemos que tomar nota, ser capaces de profundizar en lo que ha ocurrido. El sistema debe cambiar para mejorar, para responder a lo que consagra el artículo 124 de la Constitución, que establece que el fiscal general será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno y oído el Consejo General del Poder Judicial; y que el Ministerio Fiscal ejerce sus funciones conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción a los de legalidad e imparcialidad. Es decir, la Fiscalía es una institución con autonomía funcional. Tiene que buscarse un amplio acuerdo para que el fiscal general sea del Estado, no del Gobierno.

–¿Es lo que procura la reforma propuesta por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal?

–Ni mucho menos. Es preciso poner las luces largas para el futuro. Hace tiempo escribí una ponencia en la que defendía, entre otras iniciativas, que el fiscal general sea propuesto por dos tercios del Congreso. Es una mayoría cualificada que no podrá alcanzar ningún partido en solitario. Así que el elegido no gustaría a ninguno (sonríe) y tendrían que buscar un jurista de reconocido prestigio. A mí me gusta el sistema italiano, en el que los fiscale tienen estatus de Magistratura, componen un cuerpo único. Pero aquí los partidos no van a querer algo similar porque representaría una independencia brutal.

–¿Debe asumir en esta circunstancias la Fiscalía la instrucción penal, como plantea la 'reforma Bolaños' de la Ley de Enjuiciamiento Criminal?

–Nuestra asociación ha constatado que es necesario un procedimimiento penal nuevo, que no podemos seguir estirando el chicle de una ley que es de 1882. No me cabe ninguna duda de que la instrucción debe pasar a los fiscales, lo que redundaría en más especialización y mayor eficacia. Pero eso no es asumible si no se modifica en profundidad el Estatuto del Ministerio Fiscal. Lo que el Gobierno está proponiendo es una operación de maquillaje. Es preciso blindar a los fiscales en cada causa para que no sean inquietados ni siquiera por su propia institución. No puede continuar la capacidad, desde los fiscales jefe a la Fiscalía General, para dar órdenes individuales; los fiscales no tenemos garantizada nuestra independencia, como sí la tienen ahora los jueces de instrucción. Y no puede mantenerse que los órganos colegiados no tengan capacidad de decisión, porque, si no, no hay contrapesos al fiscal general.

–La historia de la jefatura del Ministerio Público desde 1978 se asemeja a una silla eléctrica. ¿Qué esperan del sustituto que elija el Gobierno para García Ortiz?

–Visto lo visto y dado que no se han modificado los términos de esa designación, no tengo ninguna ilusión. Las posibilidades de repetición son muy altas. ¿Va a basarse el Gobierno en un banco de fiscales de reconocido prestigio e independencia? La inmensa mayoría de nuestros actos no tienen notoriedad alguna. Pero con cada relevo en la Fiscalía General se provoca mucho desgaste en la carrera.