El posible traspaso del Puerto de Pasaia sume a las empresas en la incertidumbre por su viabilidad

Las compañías que trabajan en los muelles pasaitarras confían en que la negociación que se abra entre los Gobiernos central y vasco sirva para definir las nuevas reglas de juego en un asunto que ya ha provocado discrepancias entre los socios del Gobierno Vasco: PNV, que defiende la transferencia, y PSE-EE, que cree que la pone en riesgo. Un mensaje, el de los socialistas guipuzcoanos, que ha llegado al Gobierno central, también en manos socialistas y que tiene en su poder decidir si traspasa la dársena o no. El lehendakari, Imanol Pradales, trató ayer de terciar en esta polémica y se comprometió a negociar sobre esta y las otras quince competencias pendientes.

La respuesta a la ecuación residirá en cómo conseguir que el Puerto de Pasaia crezca y a la vez desclasificarlo como puerto de «interés general» del Estado, condición que permite a la dársena guipuzcoana tener tráficos marítimos de mercancías internacionales e interautonómicos que le sirven para mejorar sus cifras y cuadrar sus cuentas, que en el último ejercicio apuntaron un beneficio total de 1,6 millones de euros, tras un 2023 en pérdidas. Eso sí, el Puerto recibió 1,1 millones en el último ejercicio del Fondo de Cooperación Interportuaria que sirvieron para mejorar los números.

Sin la consideracion de puerto de interés general del Estado, condición indispensable para que sea Euskadi quien gestione Pasaia, la dársena en teoría no podría acceder a tráficos de barcos procedentes del extranjero u otras comunidades autónomas. Es en este punto donde las empresas creen que ambos gobiernos deberían introducir alguna modificación legal, vía decreto, que se antoja complicada. Porque además, según fuentes solventes del sector portuario, obligaría al Estado a despojar de esa condición a todos los puertos con menor volumen que el guipuzcoano, ubicado en el puesto 22 del ranking, compuesto por 28 instalaciones.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y Puertos del Estado, entienden que Pasaia cumple todos los criterios para ser de interés general, y solo con que cumpla uno ya no puede, en principio ser desclasificado. No solo tiene tráficos internacionales y entre comunidades autónomas, sino que posee un volumen suficiente de cargas y descargas de mercancías estratégico para la industria y para la actividad económica estatal, amén de tener una ubicación estratégica junto a la frontera con Francia.

Pasaia movió en 2024 casi 3,5 millones de toneladas y la consejera habló el jueves en Vitoria de multiplicar por cinco el tránsito para situarlo entre los diez primeros. El reto pasa en cómo alcanzar esas 18 millones de toneladas, en un puerto además eminentemente exportador, sin tráficos internacionales o interautonómicos, y además con la competencia cercana del Puerto de Bilbao, el quinto más grande del Estado y cuya competencia seguiría en manos del Gobierno español.

El objetivo del Gobierno Vasco es gestionarlo y lograr el traspaso de bienes, derechos, personal y recursos, con el fin de «aumentar su competitividad, e integrarlo en las estrategias vascas de desarrollo territorial, sostenibilidad, intermodalidad y economía azul», destacó Ubarretxena.

Euskadi necesita lograr el traspaso de alguna infraestructura de peso tras confirmarse que el puerto de Bilbao mantendrá la etiqueta de «interés general», aunque el País Vasco aspira a una fórmula de «cogestion». Pero sobre todo tras la gran dificultad y complejidad de otra de las transferencias a las que aspiraba el Gobierno Vasco, la de los tres aeropuertos, pero que el Ejecutivo central descarta por su complejidad y por tratarse de instalaciones en manos del operador aeroportuario AENA, cuyo capital se lo reparten el Gobierno español (51%) y fondos de inversión privados (49%), lo que imposibilita la transferencia.

El futuro del Puerto de Pasaia lleva a debate años, desde que a principios de siglo se exploró la posibilidad de ampliarlo a través del puerto exterior en la trasera del monte Jaizkibel, proyecto que decayó en 2013 por falta de apoyo político y la fuerte contestación ecologista, dejando un agujero económico.