Ortuzar responde a Vox que el palacete de París lo pagó un militante del PNV antes de que se formara el Gobierno Vasco

Ortuzar ha explicado en la carta que ha publicado en redes sociales -de acuerdo con el informe historiográfico elaborado a petición de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática del Gobierno español- esta tarde que el dinero fue recibido por Heliodoro de la Torre, quien era en septiembre de 1936 el tesorero del PNV. «A su vez, De la Torre traspasó este dinero a Marino de Gamboa, quien adquirió el edificio del número 11 de la Avenida Marceau, en París, y puso en marcha un entramado societario para protegerlo, consciente del complejo contexto político y social, iniciada ya la Guerra Civil en España», ha explicado.

Estas conclusiones las extrae del informe historiográfico elaborado a petición de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática del Gobierno español al que ha tenido acceso este periódico y en el que se señala que «los fondos fueron previstos desde México a fecha de septiembre de 1936, cuando el Gobierno Vasco no existía, y ni siquiera se había aprobado el Estatuto de Autonomía que sustentó legalmente la existencia de dicho Gobierno». El documento también confirma que «los fondos fueron transferidos a quien en ese momento era el encargado de las finanzas del PNV, Heliodoro de la Torre Larrinaga» y que la cadena de transferencia siempre se mantuvo dentro del ámbito del PNV, siendo su último receptor, y testaferro en la compra del inmueble, Marino de Gamboa».

Años más tarde, en 1940, ha recordado Ortuzar, «Francia fue invadida por los nazis y la Gestapo incautó el edificio con la inestimable ayuda de Pedro Urraca, reconocido franquista que capturó al president Lluís Companys». Tras ello, ha apuntado el presidente jeltzale, «empieza un recorrido judicial. Primero la sentencia de 21 de julio de 1943 en Francia, que reconoció la propiedad al Estado franquista, pero lo hizo tras un juicio celebrado en rebeldía, en el que solo se persona el Estado español sin oposición alguna, con pruebas manipuladas y la connivencia de las autoridades sometidas a los nazis ocupantes».

En su escrito, el líder jeltzale ha aclarado que «ningún Tribunal español se ha pronunciado sobre el fondo del asunto, que es la propiedad del edificio. Y no lo ha hecho porque el ordenamiento jurídico no contemplaba hasta ahora, cuando se ha recogido expresamente en la Ley de Memoria Democrática de 2022, las devoluciones de las incautaciones que se hubieran producido en el extranjero». Y ha añadido que «la sentencia del Tribunal Supremo del año 2003, que tan constante como falazmente citan quienes pretenden negar al PNV la titularidad del edificio, desestimaba nuestra reclamación por razones formales y de procedimiento, sin entrar a valorar si la abundante prueba documental aportada pudiera ser determinante para acreditar que era propiedad o no del PNV».

Asimismo, Ortuzar ha invitado a Abascal a «que consulte la legislación española, porque, además de este marco legal necesario para la restitución del bien al PNV, los hechos históricos que le he relatado han sido acreditados y certificados gracias a la abundante documentación presentada y que ha resultado en un informe historiográfico elaborado a petición de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática del Gobierno español».