La justicia investigará la muerte de Josu Múgica y Txomin Letamendi, fallecidos en 1975 y 1950

La querella de la familia Letamendi fue presentada el pasado diciembre contra José Nogues Recoo y Fernando Escudero Arcocha, inspector superior y agente de la Policía franquista de la época, respectivamente. Según se ha podido acreditar, ambos estuvieron encargados de la custodia de Txomin Letamendi durante su estancia en prisión y participaron en los interrogatorios. La historia de Letamendi fue conocida gracias al libro 'La hora de despertarnos juntos', de Kirmen Uribe (2016) que se acompaña como texto adjunto en la querella.

Txomin Letamendi Murua nació en Bilbao en 1901, ciudad en la que desarrolló su carrera de músico en diferentes bandas y en la Orquesta Sinfónica de Bilbao. Durante la Guerra Civil fue comandante de gudaris y tras la caída de la capital vizcaína tuvo que exiliarse a París donde colaboró con los Servicios de Información Vascos bajo órdenes del lehendakari José Antonio Aguirre. En París conoció a la ondarrutarra Karmele Urresti, enfermera y componente del coro Eresoinka, con quien, tras la entrada de los nazis a la ciudad, se exilió a Venezuela.

Tres años más tarde y tras una petición expresa del lehendakari Aguirre, regresaron a Euskal Herria para continuar trabajando en los Servicios de Información, integrándose así en la resistencia antifranquista. Fue detenido en Donostia en 1946 y, tras ser puesto en libertad condicional, le arrestaron en Barcelona al año siguiente. Sometido a consejo de guerra, se le impuso la condena de cinco años por un delito de conspiración para la rebelión. Su deterioro físico y psíquico en la prisión de Guadalajara aceleró su puesta en libertad, deterioro que le llevó a la muerte dos meses después en Madrid donde se encontraba bajo el cuidado de su hermano Juan.

El citado Observatorio de Derechos Humanos de Euskal Herria asegura que «estos hechos constituyen indudablemente crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles e inamnistiables, tal y como, además del Derecho Internacional, reconoce la Ley 20/2022 de Memoria Democrática». A su juicio, los juzgados «están haciendo oídos sordos, plegándose a la Ley 46/1977 de Amnistía y desestimando querellas y sus recursos para denegar la investigación y en su caso sometimiento a juicio a los criminales franquista».

Consideran que las víctimas del franquismo que sufrieron «gravísimas violaciones» de derechos a finales de la década de los 40 y 50 están «especialmente desprotegidas», ya que, según apuntan, no fueron acogidas por decretos de reconocimiento e indemnización para las víctimas directas de la guerra e inmediata postguerra; no lo están en los posteriores al año 60 (Decreto 107/2012 y Ley 12/2016 de víctimas del Estado). «Es preciso dar cobertura a las víctimas del Estado por igual, más allá del momento histórico o coyuntura política específica en que sufrieron los hechos», expone GEBehatokia.

Apuntan «las dificultades que estas víctimas y sus familias encuentran para obtener justicia y reparación» y reitera su voluntad a acometer todas las acciones posibles «para demostrar la impunidad, establecer responsabilidades».

Por otra parte GEBehatokia comunica que el juzgado de instrucción número 12 de Madrid ha admitido a trámite también la querella presentada por el caso de Josu Múgica, fallecido el 30 de julio de 1975 en la capital madrileña «a consecuencia de disparos policiales policiales en el marco de una operación en el que queda acreditada la participación de Mikel Lejarza, agente infiltrado, miembro del Centro de Estudios Superiores Estratégicos de Defensa, que respondía al sobrenombre de 'Gorka' ante los miembros de ETA y 'el Lobo' ante sus compañeros de los Servicios Secretos españoles».

Tras la querella de julio pasado presentada ante el Juzgado de Bergara y una vez que este se declarara no competente, en septiembre pasado la organización volvió a presentar este caso ante el Juzgado de Madrid. «Debemos recordar que el Gobierno Vasco le reconoció como víctima de violaciones de derechos humanos de motivación política por estos hechos, según el dictamen emitido el 15 de mayo de 2023», señalan.