El juzgado entrega este viernes los móviles requisados a dos periodistas en el 'caso Cursach'

Protesta de los periodistas ante el Tribunal Supremo por la actuación del juez en el 'caso Cursach'./EFE
Protesta de los periodistas ante el Tribunal Supremo por la actuación del juez en el 'caso Cursach'. / EFE

El juez Florit, querellado por esta polémica resolución, anula el auto en el que justificaba la incautación del material de trabajo para investigar una filtración policial

Mateo Balín
MATEO BALÍNMadrid

El Juzgado de Instrucción número 12 de Palma de Mallorca, que investiga el 'caso Cursach', ha citado este viernes a los dos periodistas de Diario de Mallorca y Europa Press a quienes el juez Miquel Florit, con el visto bueno de la Fiscalía Anticorrupción, requisó sus teléfonos móviles, ordenadores y documentación el pasado 11 de diciembre para devolvérselos.

El motivo de la citación formal, tal y como requirió la defensa de los dos periodistas, es hacerles entrega «de los dispositivos de su propiedad intervenidos» en el marco de esta causa.

El juez Florit ya ordenó a finales de diciembre la devolución de los móviles y del material informático intervenido. Aunque los periodistas fueron requeridos por teléfono para acudir al juzgado, las defensas de ambos pidieron que se les notificara la devolución «en debida forma» y «con señalamiento de día y hora», como al final ha ocurrido.

También pidieron que se les informara por escrito del lugar donde han estado depositados estos móviles y los ordenadores incautados a Europa Press, de qué personas han tenido acceso a ellos y qué inspección, registro, copia o manipulación de los mismos se ha llevado a cabo.

Pues bien, a esta petición el juez ha respondido con un auto conocido este jueves, en el que revoca y anula el citado auto del 11 de diciembre por el que ordenaba la confiscación del material de trabajo. Dicha resolución señala que consta «certificación de que (los móviles, tableta, ordenadores y memorias) no habían sido abiertos, volcados ni examinados sus contenidos». Sin embargo, Florit reconoce que «sí que tuvo lugar una intervención de efectos o instrumentos relacionados con el delito de revelación de secretos, efectos que se hallaban en poder de terceros (los periodistas) que no son investigados en la presente causa».

En el 'caso Cursach' se investiga una presunta trama de connivencia entre responsables de discotecas y locales de ocio y policías locales de Palma y Calvià para favorecer los negocios del empresario de la noche Bartolomé Cursach, propietario de las discotecas más importantes de la isla.

A mediados de diciembre, la Fiscalía Anticorrupción presentó escrito de acusación por una parte de este caso en la que acusa al empresario mallorquín de delitos de asociación criminal, prevaricación, cohecho y coacciones por los que solicita una condena de ocho años y medio de cárcel, y acusa además a otras 23 personas, entre ellas 15 policías, para quienes pide penas que suman 171 años.

Presuntos filtradores

Sobre el caso concreto de los periodistas, la unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional detuvo el 18 de diciembre por presunta revelación continuada de secretos a un inspector que fue responsable del grupo de Blanqueo de la Jefatura de Baleares que investigó esta presunta trama de corrupción y a otro agente que intervino en el caso.

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares admitió a trámite ese mismo día la querella de los dos periodistas y de sus empresas contra el juez Florit tras ordenar requisar los teléfonos de ambos profesionales y dos equipos informáticos de Europa Press para investigar la filtración de un informe policial en junio pasado.

La Sala Civil y Penal del alto tribunal asumió la querella contra el juez por los presuntos delitos de prevaricación, contra la inviolabilidad del domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional del periodista.

La Asociación de Medios de Información (AMI) anunció el pasado 27 de diciembre su personación en la causa como acusación popular por considerar que Florit vulneró el derecho de información y la libertad de prensa, ya que, a juicio de AMI, los registros y la incautación de material han supuesto un «ataque» contra este derecho, recogido en la Constitución Española.

La asociación que agrupa a 80 medios ha recordado en un comunicado que no se puede coaccionar desde las autoridades policiales o judiciales a los profesionales de la información en el ejercicio de sus funciones