Justicia telemática

Para empezar, ninguna mayor que la de elevar a compromiso solemne lo que se sabía que no podría llevarse a cabo. La insistencia en «derogación» frente a «reforma», que entretuvo al Gobierno durante meses, estaba lastrada de tanta connotación revanchista e incurría en tanto exceso ideológico, que había de chocar con la técnica legislativa más simple y con la más básica práctica política. Su sinsentido habría hecho además imposible el consenso social que la UE exigía para su bendición. Ha sombreado de fracaso lo que habría sido un rotundo éxito.

Por su parte, el «ni una coma» que pronunció primero el presidente de la CEOE y luego repitieron miembros del Gobierno suscitaba dudas incluso teóricas, al plantear el problema de cómo se engarzan entre sí la que podría llamarse democracia corporativa y la parlamentaria. Merece reflexión. Pero, al margen de esa vertiente teórica, tampoco la funcional se resolvió de manera satisfactoria. Mejor habría sido, con el fin de evitar caer en tan intransigente exigencia, que, mientras se avanzaba en la negociación con las fuerzas sociales, se hubiera mantenido otra en paralelo con los partidos cuyo apoyo parlamentario se perseguía. No se hizo, y el socorrido y abusivo «lo tomas o lo dejas» de todo decreto-ley complicó las cosas, dando pie a la acusación de trágala. Fue esta torpeza una de las causas -o quizá la ocasión- de la desbandada final en las filas aliadas. A algunos, como ERC, les sirvió de excusa para explicar su «deserción». Se evidenció, sobre todo, la que entre sus socios separa a los adeptos al dogmatismo frentista de los proclives al pragmatismo transversal. Así, el empeño por salvar a toda costa la adhesión del llamado bloque progresista, excluyendo, sobre todo, la de Ciudadanos, impregnó la negociación de tintes chantajistas, al tiempo que hacía de su resultado victoria o derrota de puristas o tibios. El debate versa, en consecuencia, a esta hora, sobre si quien más luchó por el acuerdo, Yolanda Díaz, es hoy la mayor damnificada o si quien menos se bregó en él, Pedro Sánchez, ha resultado ser su gran beneficiario. En todo caso, uno de los grandes logros del Gobierno podría transformarse en su más corrosivo disolvente.

Tampoco las fuerzas extragubernamentales están, cada una en su grado, libres de tacha. La del Partido Popular raya en lo incomprensible. También él ha trocado en fracaso -entre los perdedores parlamentarios se encuentra- lo que podría haber sido uno de sus grandes triunfos, tergiversando en su contra la mismísima realidad. Pues, si reforma, y además ligera, ha sido el resultado de la negociación, Pablo Casado la ha reconvertido en derogación, devolviéndole al Gobierno la corona con que él mismo podría haberse adornado la cabeza. ¡Ya sólo faltaría que el error de uno de sus diputados fuera la justicia, antaño poética, hoy telemática, que castiga a su partido por un supuesto impulso a la disidencia de dos congresistas de UPN, a imitación del antonomástico caso del pasado! No les ha ido a la zaga, en el concurso de torpezas, el portavoz de ERC, quien no ha podido disimular la suya con balbucientes excusas. Ha dejado claro que su oposición obedece a causas que nada tienen que ver con la reforma, sino con otras que todos sospechamos y él se avergüenza de aclarar. Entre los opositores, el PNV ha salido más airoso. Hasta la vicepresidenta le aplaudió. No se sacó un inesperado as de la manga. El «marco vasco de relaciones laborales» ha sido siempre santo y seña de su política en la materia. Reforma, pues, exitosa, a costa de haber sacudido la cohesión gubernamental, causado la desbandada en las filas aliadas, puesto en evidencia el turbio proceder del PP, sembrado dudas sobre el devenir de la legislatura y, sobre todo, dejado maltrecha la dignidad parlamentaria y democrática.