El Gobierno Vasco realiza ya un análisis «exhaustivo» de todos los contratos públicos de la última década tras el escándalo Cerdán

«He entendido siempre el ejercicio de la política desde la máxima responsabilidad, integridad, ejemplaridad y respeto», ha defendido Imanol Pradales durante el pleno de control que se celebra en la Cámara autonómica, donde ha sido imposible esquivar el escándalo que ha provocado un auténtico seismo en el socialismo. Pero, conscientes de los «gravísimos acontecimientos» por la supuesta trama de mordidas en contratos públicos en la que estarían implicados los dos últimos secretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, y al entonces asesor para todo del ministerio de Transportes, Koldo García, el Ejecutivo de Vitoria está revisando con lupa todo los contratos públicos que se han cerrado en la última década.

Eso sí, el lehendakari ha hecho hincapié en que el Gobierno Vasco hace este ejercicio de «responsabilidad» a pesar de que «a día de hoy no tengamos el más mínimo indicio, información o sospecha» de que existan contratos con las empresas que se mencionan en el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO). Y es que Pradales ha querido tomar la iniciativa tras comprobar lo ocurrido en otras instituciones como la central o la navarra. De ahí que haya defendido que lo hacen «por razones de prudencia, transparencia y responsabilidad».

Ya lo avanzó el pasado martes la portavoz del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena, cuando aseguró que no les consta en absoluto que en el informe elaborado por la UCO, y que ha situado en la diana de la corrupción a los socialistas, haya contratos públicos adjudicados por el Ejecutivo de Vitoria que puedan estar en cuestión.

Aún así, sostuvo que se enviará «toda la información con total transparencia» al Parlamento Vasco tal y como ha solicitado el PP vasco. Y es lo que los populares vascos, capitaneados por Javier de Andrés, exigen conocer si existen ramificaciones vascas en la trama. Y, para ello, han decidido presentar una batería de solicitudes de información tanto en el Parlamento Vasco como en las tres Juntas Generales y los ayuntamientos, con el fin de conocer la adjudicación de contratos de obra pública y saber si la supuesta trama corrupta que ha golpeado de lleno a las entrañas de Ferraz también se dieron en Euskadi.

En un gesto similar, la actual presidenta de la Comunidad Foral y líder del PSN, María Chivite, anunció hace un par de días que ha encargado una auditoría de la cuentas del partido durante la época de Cerdán en la dirección como secretario de Organización antes de dar el salto a Madrid.

Era inevitable: durante el pleno el caso Cerdán ha salido a la luz en más ocasiones. Pradales, interpelado directamente por la única parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha acusado a la dirigente de la extrema derecha de «instrumentalizar» el Parlamento Vasco «para sus fines partidistas en Madrid» después de que Martínez haya cargado contra el lehendakari -a quien ha pedido que «rompa relaciones» con Pedro Sánchez- por mantener una «complicidad» con las «corruptelas» que rodean al Gobierno central.

Y aunque en ningún momento ha mencionado directamente el caso -y, mucho menos, citado el nombre de quienes protagonizan este escándalo-Pradales ha reconocido que le provoca «enfado y hartazgo» las informaciones «gravísimas» que están copando todos los titulares desde que se filtrara el informe de los investigadores de la UCO. Por ello, ha reiterado «el innegociable compromiso con la ejemplaridad que debe acompañar siempre a toda responsabilidad pública». «La honestidad y la integridad son valores irrenunciables, innegociables en nuestro comportamiento diario», ha defendido el lehendakari.

El jefe del Ejecutivo vasco ha reafirmado en este sentido su compromiso con la «ejemplaridad y transparencia» frente al «populismo y extremismo» de Vox. De hecho, ha censurado que la postura del partido que lidera Santiago Abascal se limite a «regodearse y a alimentar el caldo de cultivo que necesitan el extremismo y el populismo que ustedes representan». Así, Pradales ha denunciado que en Vox «se regodean ante cualquier indicio de caso de corrupción porque es lo que necesita para debilitar la confianza de la ciudadanía en las instituciones». «Se regodean porque su máxima es cuanto peor, mejor; y porque solo quieren munición para atacar a quienes consideran enemigos, que son todos aquellos que no pensamos como ustedes», ha censurado.

Minutos después, el Parlamento Vasco ha vuelto a ser testigo de un enfrentamiento dialéctico entre el PP y el PSE a cuenta de esta polémica que ya se ha cobrado varias víctimas políticas.

El parlamentario popular Santiago López ha aprovechado la situación que atraviesan los socialistas para interpelar directamente a la consejera de Movilidad Sostenible, la socialista Susana García Chueca, para preguntarle sobre posibles ramificaciones vascas de la trama que ha estallado en Madrid y que, según la UCO, tiene su epicentro en Navarra. «Apesta a corrupción», ha censurado.

«No sé si pretenden que nos creamos que en Euskadi hemos sido uno oasis y que aquí no vamos a conocer absolutamente nada», ha continuado el dirigente del PP durante su primer turno de intervención. López, que también ha mencionado al empresario de Elgoibar Antxon Alonso, pieza clave de este entramado según la Guardia Civil, ha querido sembrar sospechas sobre el PSE y el Gobierno Vasco al asegurar que «el 14 de junio, el empresario Víctor de Aldama llevó 15.000 euros en mano para entregárselos a Santos Cerdán en la sede de Ferraz, y al día siguiente, 15 de junio, el Gobierno Vasco, a través de ETS, Euskal Trenbide Sarea, adjudicó un contrato de 50 millones de euros a la empresa Acciona, que aparece en numerosas ocasiones a lo largo del informe de la UCO. ¿Es esto el Cupo vasco?», ha preguntado.

Además, el parlamentario del PP ha aludido a la página 388 del informe de la UCO en la que se recoge la transcripción de una grabación entre Koldo y Ábalos en la que el entonces asesor del exministro dice: «Hombre, es que el tema de don Antxon entró por varias empresas del País Vasco, y hay varias empresas vascas». A juicio de López, este es «un indicio de que puede que en Euskadi nos encontremos con algo que no queremos».

El popular también ha hecho mención a la página 351 del citado informe en el que Cerdán le asegura a Koldo lo siguiente: «Me viene ruido de Aragón, me viene ruido de Euskadi, me viene ruido de Andalucía». «Euskadi es Morales, que el hijo de puta habla con Isabel (Pardo de Vera) directamente para conseguir las cosas», denuncia después Koldo en el audio que ha verbalizado López desde la tribuna de oradores.

Y ahí es cuando, con ironía, ha preguntado directamente a la consejera «quién es Morales». «Casualmente el secretario de Organización del PSE se apellida Morales...», ha dicho en alusión a Miguel Ángel Morales. «Esto significa que desde el Partido Socialista de Euskadi también se movían hilos», ha denunciado el dirigente del PP, que ha considerado que esta trama «empiezan a salpicar ya también al País Vasco». «Es ya meridianamente claro que huele también muy mal aquí», ha denunciado, para asegurar después que «creemos que aquí también se han pagado mordidas».

García Chueca, que ha salido con gesto serio a la tribuna, no ha ocultado su «tristeza y profunda decepción» por lo destapado por la UCO pero en línea con lo señalado ayer por el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha negado cualquier implicación del partido en Euskadi ni de sus miembros. Y ha puesto en valor la «respuesta tajante y ejemplar» que ha dado su partido para apartar a Cerdán. «La respuesta del PSOE ha sido rápida y contundente. Y eso es algo que no todas las organizaciones políticas pueden decir», la ha espetado a López en alusión al PP. «Nosotros expulsamos a quienes nos fallan, tomamos decisiones rápidas, denunciamos las prácticas corruptas. Otros, léase ustedes–, los protegen, defienden y expulsan a quienes destapan la corrupción», ha espetado.

La consejera de Movilidad, con tono muy crítico, ha desmentido las insinuaciones del PP de una posible implicación de su departamento y de miembros de su partido en la trama, y le ha replicado al parlamentario popular que «no hay ni un solo dato que avale sus insinuaciones». García Chueca ha repetido en innumerables ocasiones durante su intervención que «en ninguno» de los 490 folios del informe de la UCO aparece contrato alguno del departamento que dirige o de ETS «ni se pone en entredicho ninguna de sus adjudicaciones».

«Eleva la sospecha a rango de hecho y construye sobre ella una realidad la que le conviene», le ha reprochado a López. «Ha puesto en tela de juicio a ETS y Euskotren, ha puesto en tela de juicio la honorabilidad de las dos sociedades públicas y de sus adjudicaciones y lo ha hecho de forma gratuita, sin ningún tipo de indicio o de prueba. Y eso no lo voy a permitir», ha asegurado la dirigente del PSE. «Todas las adjudicaciones llevadas a cabo por las entidades públicas dependientes del Departamento de Movilidad Sostenible respetan y se ajustan escrupulosamente y con el debido rigor a los principios generales que rigen el marco legal bajo el que se configura la contratación pública», se ha defendido ante las acusaciones. «Todas las licitaciones cumplen con los requisitos de transparencia, publicidad, igualdad y libre concurrencia», ha insistido.

La consejera, que ha reiterado que «no constan contratos en Euskadi bajo sospecha» en la investigación de la Guardia Civil, ha explicado que «la conversación de Morales con la entonces presidenta de Adif a la que se refiere esta mención recogida en la página 351 del informe, se produjo con el objetivo de que la señora Pardo de Vera recibiera a la alcaldesa de Pasaia interesada en tratar con ella la renovación de la estación de Pasai Antxo». «La gestión buscaba -ha continuado García Chueca- llamar la atención de la presidenta de Adif sobre la importancia del proyecto para el municipio y las dificultades que, por razones de agenda, estaban impidiendo esa reunión que finalmente se celebró». «Ya sabemos quién es Morales y todavía seguimos sin saber quién es M. Rajoy», le ha reprochado a López, a quien ha criticado por «desacreditar sin pruebas». «Únicamente buscan dañar la reputación y la credibilidad del adversario político a través de la desinformación», ha asegurado.