El Gobierno Vasco ficha al juez del caso De Miguel para definir el modelo penitenciario vasco

El actual presidente de la Sección Penal de la Audiencia de Álava, Jaime Tapia, será nombrado a finales de este mes asesor del Gobierno Vasco, con rango de viceconsejero, para definir el modelo penitenciario vasco una vez que se haga efectiva la transferencia de Prisiones. El magistrado, que instruyó el mediático caso De Miguel que afectó a varios ex cargos públicos del PNV, acredita 33 años de ejercicio como juez y trabajará directamente con la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, en las líneas estratégicas del modelo a aplicar una vez que se materialice la transferencia de Prisiones a Euskadi.

El Gobierno Vasco ha anunciado este miércoles a través de una nota que Artolazabal contará con el asesoramiento del juez Tapia para definir el nuevo modelo vasco penitenciario que el Ejecutivo de Iñigo Urkullu pretende aplicar cuando se haga efectiva la transferencia de la gestión de los centros penitenciarios. En concreto, Tapia será nombrado asesor de la consejera Artolazabal para Instituciones Penitenciarias, con rango de viceconsejero, con efecto a partir del 31 de marzo.

El magistrado trabajará directamente con la consejera, «a quien aportará su visión experta y profesional sobre cómo construir un modelo penitenciario propio en Euskadi que profundice en las resoluciones aprobadas por el Parlamento Vasco en 2019, hoja de ruta en esta materia», explica el Gobierno Vasco. «El fin último es que la resocialización de los presos y presas sea una realidad y, para ello, se hace imprescindible crear las condiciones que los faciliten y promuevan».

El magistrado Jaime Tapia acredita una dilatada experiencia en la judicatura vasca, donde comenzó su carrera hace 33 años. Profesor de Derecho Penal en la UNED desde 2011, ha firmado numerosas publicaciones en varios idiomas y ha impartido conferencias en diferentes países gracias a su dominio de euskera, inglés, francés y alemán. Asimismo, es uno de los pocos magistrados especializado tanto en menores como en las jurisdiccionales civil y penal. Con este currículo, su experiencia será relevante a la hora de redactar las líneas estratégicas del tratamiento penitenciario en Euskadi.

Pero si ha habido un caso que ha dado repercusión pública al juez Tapia es el caso De Miguel, cuya sentencia se hizo pública el 17 de diciembre de 2019. En una de las mayores causas de corrupción que se han juzgado nunca en Euskadi, la sala presidida por Jaime Tapia condenó a 15 de los 26 acusados, muchos de ellos relacionados con el PNV, por varios delitos de cohecho, asociación ilícita, blanqueo, malversación, tráfico de influencias, falsedad documental y prevaricación. Varios exdirigentes del PNV alavés fueron condenados, y tres de ellos a penas de cárcel: Alfredo de Miguel, quien fuera una de las figuras más importantes del partido en Álava y diputado foral de Administración Local, fue condenado a 13 años de cárcel; Koldo Otxandiano, a siete; y Aitor Telleria, a seis. Aquella sentencia del caso De Miguel dictada por la Audiencia de Álava supuso un golpe para el partido que dirige Andoni Ortuzar, que en cualquier caso limitó su alcance a la actuación concreta de las personas condenadas.

El compromiso adquirido por los gobiernos central y vasco es que la transferencia de Prisiones pueda materializarse en una Comisión Mixta de Transferencias que podría celebrarse en abril. Hasta el momento se han mantenido ya varias reuniones en las que se han tratado algunos temas de más difícil desarrollo, relativos a los capítulos presupuestarios para personal, contratos y bienes inmuebles, entre otros. Ambos ejecutivos mantienen su calendario de negociación para cerrar este mes el traspaso de la gestión de las prisiones vascas de Martutene, Basauri y Zaballa, con aproximadamente 1.300 internos e internas y más de 630 personas funcionarias y casi un centenar de contratos laborales. De esta forma, se podría concretar en una Comisión Mixta a principios de abril.