El Gobierno de Urkullu llega al último curso de la legislatura con 21 leyes de su programa pendientes

Jeltzales y socialistas están a un escaño de la mayoría absoluta en el Parlamento, pero ese voto de menos con respecto al resto de la oposición se ha convertido en un martirio para los socios de gobierno, que han visto cómo algunos de sus proyectos decaían o se ralentizaban por falta de apoyos. El ejemplo más doloroso para el Ejecutivo de Urkullu fue la retirada del proyecto de Presupuestos de este año, pero también ha probado la hiel de su minoría parlamentaria en iniciativas clave como la reforma de la RGI, que hace un año tuvo que meter en un cajón para evitar que la oposición se la tumbara. En el último pleno de junio consiguió revivir la tramitación de este proyecto gracias a la colaboración del PP, pero los vaivenes de la reforma de la RGI demuestran el abismo que hay entre un Gobierno con mayoría absoluta y otro que depende de al menos un voto de la oposición.

Aquel último pleno de junio no solo salvó la tramitación de la ley de reforma de la Renta de Garantía de Ingresos, sino que también sirvió para que el Ejecutivo maquillara en parte su exiguo bagaje legislativo en el curso político que acaba de finalizar. Si la primera mitad de la legislatura se caracterizó por la atonía en la producción del Gobierno -que solo logró aprobar 3 leyes en el Parlamento-, el tercer año tampoco ha mejorado demasiado sus números: este curso el Ejecutivo únicamente ha visto aprobadas 4 leyes más, la de Sostenibilidad energética de las Administraciones Públicas, la de Patrimonio Cultural, la de Policía y el Plan Vasco de Estadística. Y las tres últimas se aprobaron en mayo y junio, en la recta final del curso.

Para sacar adelante la ley de Policía y el Plan Vasco de Estadística, el Gobierno de Urkullu se apoyó en el PP, que había sido su socio preferente en la primera mitad de la legislatura, hasta que el respaldo del PNV a la moción de censura contra Mariano Rajoy voló todos los puentes por espacio de un año. En los últimos meses, sin embargo, los populares han dado muestras de que podrían recuperar cierta sintonía con el Ejecutivo al respaldarle en estas dos leyes y permitir la tramitación de la reforma de la RGI en el último pleno del curso. Hasta el punto de que ya aparecen como el grupo con más opciones de apoyar los Presupuestos de 2020.

Julio y agosto son meses inhábiles para celebrar plenos y aprobar leyes en el Parlamento, por lo que el próximo curso no se iniciará hasta finales de septiembre. Eso hace que, si la legislatura vasca cumple los plazos establecidos y llega hasta octubre de 2020, toda la actividad legislativa tendrá que concentrarse en ese curso. El Gobierno tendrá apenas un año para que la Cámara sancione sus 21 proyectos de ley pendientes. Por supuesto, si los plazos de la legislatura se acortasen a causa de un hipotético adelanto electoral, el Parlamento más que un atasco viviría un auténtico bloqueo, ya que sería materialmente imposible aprobar tantas leyes en apenas unos meses. La suerte que corran los Presupuestos de 2020 será decisiva para que el lehendakari lleve la legislatura hasta octubre o adelante unos meses las elecciones. Aunque desde Lehendakaritza aseguran que en ningún caso se celebrarían antes de que empiece el próximo año.

Uno de los factores que ha podido influir en el escaso bagaje legislativo de este curso es que los últimos meses han estado salpicados de citas electorales, lo que ha afectado al funcionamiento del Parlamento por los parones provocados por las campañas y también ha podido influir en la oposición a la hora de dar oxígeno al Gobierno de PNV y PSE. Tradicionalmente, las contiendas electorales no son el mejor caldo de cultivo para que los grupos lleguen a acuerdos de calado en la Cámara, y fuentes del Ejecutivo vasco se muestran convencidas de que, en este caso, han sido determinantes para que la oposición haya puesto en más dificultades al gabinete de Urkullu.

Las mismas fuentes también apuntan que, más allá de las siete leyes del programa legislativo sancionadas, el Parlamento ha aprobado un total de 22 incluyendo las presupuestarias y las ordinarias. Valoran, además, que se han aprobado con el apoyo de diferentes grupos y algunas de ellas por unanimidad. Varias de ellas, sin embargo, han sido impulsadas por grupos de la oposición, como es el caso de la que recoge los derechos de las personas transexuales o la que regula las grandes superficies comerciales.

Desde el Gobierno Vasco también destacan que su iniciativa legislativa no se limita al programa que se aprueba al inicio de la legislatura, sino que está en constante desarrollo. Ponen el ejemplo de la decisión de impulsar una ley vasca de Memoria Histórica que ha adoptado el Ejecutivo en las últimas semanas. Por último, también critican que la oposición no siempre actúa con la máxima diligencia a la hora de tramitar los proyectos de ley que lleva el Gobierno. En algunos casos, denuncian, los grupos llegan a bloquear su posible aprobación.