El Gobierno central avisará a los ayuntamientos de las salidas de presos para evitar 'ongi etorris'

La reacción en tromba, con apertura de diligencias por parte de la Audiencia Nacional incluida, ante los homenajes a José Javier Zabaleta Elosegi, 'Baldo', condenado por seis asesinatos, y a quien fuera uno de los carceleros de José Antonio Ortega Lara, Xabier Ugarte, dejó entrever que empieza a haber un viraje de mentalidad. No solo a nivel político y judicial, sino también, aunque todavía solo en parte, social. Pedir que se acabe con este tipo de actos por suponer una humillación a las víctimas o que, de celebrarse, sea de manera privada -los organizadores alegan que se trata de bienvenidas de familiares y amigos-, no está dando resultado. De hecho, tan solo tres días después de los actos de Hernani y Oñati -ETA asesinó a quince personas en ambos municipios- tuvieron lugar otros dos en Vitoria y Amurrio. El propio Arnaldo Otegi, a quien también se dedicó en su día un homenaje en Elgoibar, llegó a advertir el viernes de que habrá un 'ongi etorri' por cada recluso si no hay un cambio en materia penitenciaria y dijo no estar dispuesto a permitir que se diga «a quién podemos abrazar». Unas declaraciones que fueron tachadas por el Gobierno vasco de «demagogia de alta intensidad».

La solución pasa, por tanto, por tomar medidas que pongan coto a homenajes. Y una de las principales responsabilidades recaerá sobre los ayuntamientos. Cabe recordar que algunos gobernados por la izquierda abertzale han llegado incluso a publicitar este tipo de actos a través de Twitter. La Delegación del Gobierno en Euskadi, que tiene conocimiento de los licenciamientos definitivos de los reclusos de ETA, enviará una carta a los Consistorios de los municipios en los que residan dichos presos para informarles de su inminente puesta en libertad. El objetivo, así se le trasladará a los alcaldes, es que tomen las medidas necesarias para evitar los homenajes. No se descartan, incluso, posibles sanciones. Los servicios jurídicos del Ministerio del Interior estudian una reforma de la ley estatal, de la que ya existe un borrador, para incluir multas administrativas a los Ayuntamientos que concedan permisos para estos actos o que no actúen para frenarlos.

Si tanto la normativa que aprobó el Parlamento vasco en 2008 como la estatal de 2011 emplazan a los poderes públicos a evitar actos que enaltezcan el terrorismo y humillen a las víctimas, ¿por qué se permiten entonces los 'ongi etorris'? La pregunta es más sencilla que la respuesta. A nadie se le escapa que un homenaje de estas características, con cohetes y bengalas, no se rinde a todos los presos que salen en libertad. ¿Acaso se habría recibido con un pasillo de ikurriñas a Xabier Ugarte, por poner un ejemplo, si éste hubiese sido condenado por cualquier otro delito? Ni siquiera todos los exreclusos de ETA son homenajeados. Aquellos que se distanciaron de la disciplina de la banda e hicieron autocrítica -véase los integrantes de la 'vía Nanclares'- no son agasajados en sus pueblos. «Hablamos de enaltecimiento del terrorista. Y no solo se legitima su trayectoria en ETA, sino que crea un caldo de cultivo muy peligroso», advierte el delegado del Gobierno en Euskadi, Jesús Loza. Cada vez es más numerosa la presencia en dichos actos de menores de edad e incluso de padres con sus bebés en brazos.

El enaltecimiento del terrorismo se incorpora por primera vez como tal en la reforma del Código Penal en el año 2000. Pero la evolución jurisprudencial ha limitado desde entonces la vía penal, que incluye condenas de cárcel, para la persecución de este tipo de casos. Una sentencia del Tribunal Constitucional de 2016 y una directiva de la Unión Europea aprobada un año después han jugado un papel destacado. Los jueces exigen que exista un dolo o intención específica de enaltecer la figura del terrorista como tal y que, ya sea con actuaciones y discursos, haya una incitación indirecta a cometer un delito que entrañe una situación de riesgo para las personas o para el sistema de libertades. La disolución de ETA ha minimizado este peligro y sitúa este tipo de riesgos más en la órbita del terrorismo yihadista. «El mayor nivel de exigencia complica su persecución penal y ha hecho que este camino se haya demostrado no ser el más eficaz a la hora de evitar los homenajes», asume la a bogada de la AVT, Carmen Ladrón de Guevara. La Audiencia Nacional ha archivado más de medio centenar de denuncias. En su mayoría presentadas por Covite, la plataforma de apoyo a las víctimas APAVT, la AVT y Dignidad y Justicia.

Otra vía es la administrativa. Y ahí es donde el Gobierno central está haciendo más hincapié. El foco está puesto en los Ayuntamientos y en aquellas instituciones públicas de quienes dependa la concesión de las licencias pertinentes para llevar a cabo este tipo de actos. El derecho de manifestación y reunión, al que el pasado martes se refirió el portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, al hablar sobre esta cuestión, también está sujeto a exigencias. Los organizadores de este tipo de homenajes, en su mayoría multitudinarios -más de veinte personas-, deben informar de su convocatoria y rellenar con antelación un escrito, nombres y DNI incluidos. Más aún si se coloca un escenario.

Ocurrió, por ejemplo, en el homenaje que se brindó a principios de abril al etarra Germán Urizar el pasado en pleno Casco Viejo de Bilbao. «En esa ocasión se solicitó permiso y, tras lo ocurrido, se enviaron los datos identificativos a la Audiencia Nacional. Desde entonces, han dejado de hacerlo. Ya no hay peticiones de ocupación de espacio público», revela Jesús Loza. «Lo que demuestra que saben que lo que están haciendo no es legal». También es una manera de burlar una posible suspensión cautelar. En esas circunstancias, y bajo orden del Departamento de Seguridad, corresponde a la Ertzaintza proceder a identificar 'in situ' a las personas que vean al cargo de la organización, según las fuentes jurídicas consultadas. No se hizo en Hernani ni en Oñati. Tampoco en ninguno de los dos casos se formalizó petición alguna para llevar a cabo sendos 'ongi etorris'.

El delegado del Gobierno en Euskadi aboga por «recuperar el consenso político de 2008» para evitar que se produzcan este tipo de situaciones. Ya en febrero del pasado año el Parlamento vasco -todos los grupos menos EH Bildu- aprobó una proposición no de ley que rechazaba estos homenajes. Pero ahí se quedó la cosa. «Sabemos que la izquierda abertzale no va a entrar, pero los demás deberíamos sentarnos y pasar de lo genérico a las medidas concretas. Poner en marcha herramientas administrativas para hacer que la ley de víctimas que alumbró el Parlamento vasco, que es muy clara, se cumpla. Pero también acordar qué pasos se darán de no ser así», defiende Loza. «No solo es un problema ético, sino también social. Y hace falta un liderazgo moral para atajarlo», añade.

Hay quienes enmarcan estos 'ongi etorris' en la construcción del relato, como una forma de contrarrestar el mensaje de que la banda terrorista ha sido derrotada, de que lo que hizo, y por lo que fueron condenadas dichas personas, solo sirvió para causar dolor. Pero más allá de interpretaciones, lo cierto es que el número de 'ongi etorris' ha ido en aumento en los últimos años. «Habrá más excarcelaciones y serán los presos más sanguinarios. Hablamos de históricos detenidos en los noventa, y el tiempo pasa», señala la abogada Carmen Ladrón de Guevara. Se prevé que más de setenta reclusos de ETA queden en libertad en los próximos cinco años. Uno de ellos será Rafael Caride Simón. Condenado a más de 700 años por el atentado de Hipercor, abandonará la cárcel el 18 de agosto. Su nombre está en la lista de integrantes de la 'vía Nanclares', así que los familiares y amigos que le reciban es más que probable que lo hagan de puertas hacia dentro.

Junto a la penal y la administrativa, se ha abierto una tercera vía. Aunque menos llamativa. Ya han sido varios los pronunciamientos del juez de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, en los que se recoge como exigencia para una libertad condicional la prohibición de participar en homenajes, tanto propios como ajenos. Así lo fijó en abril en el auto de Aitzol Gogorza, excarcelado al padecer una enfermedad psiquiátrica. Hace solo dos semanas, la presidenta de la AVT, Maite Araluce, envió una carta a Instituciones Penitenciarias en la que pedía que los trabajadores sociales de las cárceles trasladen a los presos de ETA que vayan a salir a la calle el «dolor» que los homenajes suponen para las víctimas. «Eso también es reinserción».