La FVT propone un documento para consensuar una redefinición de la condición de víctima, sus derechos y obligaciones

La FVT, que sitúa como destinatarios de esta iniciativa a la totalidad de las víctimas del yihadismo, Grapo, ETA, la extrema derecha, la violencia parapolicial «y un indeterminado otros, por orden decreciente de víctimas mortales causadas», busca la unidad en torno al documento y que todas las víctimas se sientan representadas en un marco común. El texto, al que ha tenido acceso este periódico, propone que el derecho a la justicia «no puede entenderse como una carta blanca».

En el capítulo de la reclamación de justicia para las víctimas se refiere «a la aplicación de la legalidad y a la evitación de la impunidad», así como a la necesidad de investigar los casos sin resolver y «no establecer discriminación» a la hora de la reparación entre las víctimas con casos juzgados y las que forman parte del bloque de los pendientes de resolver. Propone que justicia es también que «el tratamiento de los perpetradores, en particular la progresión de grados, se atenga a los criterios establecidos por la legislación pertinente«. «Ningún fin supuestamente deseable o superior puede ser invocado en condiciones de institucionalidad democrática para justificar la subordinación de la justicia; tal proceder, que no puede en ningún caso ser identificado con los procedimientos de reinserción, acercamiento u otras medidas penales legales, equivaldría a lo que se ha denominado un compromiso podrido», detalla. Paralelamente, cita que el derecho a la justicia «no puede entenderse como una carta blanca para las víctimas».

En sus primeras líneas, el documento expone que las víctimas del terrorismo «no son un colectivo uniforme» y que las diferentes sensibilidades «traducen en el espacio particular de las víctimas el pluralismo social de la sociedad en su conjunto». «No cabe esperar un patrón de actitudes homogéneas entre ellas», cita. La propuesta de la FVT expone un total de doce puntos desde un tronco básico, que, según remarca, «no puede ser otro que el paradigma de los derechos humanos». El texto habla de «la conveniencia de establecer un marco de referencia común que pueda ser compartido por el conjunto de colectivos y asociaciones y sirva de pauta en su presentación en la esfera pública». Ese código, cita, vendrá constituido por un conjunto de «valores, principios y prácticas que sean consonantes a la vez con los postulados democráticos y el carácter de referente moral que han venido a adquirir las víctimas en las últimas décadas».

El documento buscará también el consenso en cuestiones como la que se refiere a que el pluralismo de las posiciones entre las víctimas del terrorismo «tiene límites». «No cabe discriminar entre colectivos de víctimas y establecer una acepción o favoritismo en función de la categoría a la que se adscriban», expresa. El documento dice que las víctimas «no son patrimonializables», ni por colectivos particulares ni por terceros, ni por los poderes públicos. «Su instrumentalización al servicio de agendas e intereses sectoriales o partidarios equivale a desnaturalizar y devaluar el capital referencial y universalista que representan», propone el borrador para añadir que «los perpetradores convirtieron a las víctimas en medios al servicio de sus fines políticos, no cabe una instrumentalización secundaria por otros actores, por no violentos que sean».

En aras a la universalidad de las víctimas, el documento expone también que «no cabe establecer entre ellas ningún tipo de superioridad moral, ni de privilegio», a la hora de reclamar verdad, justicia y reparación. «Tampoco será de recibo condicionar la acción al logro de objetivos particulares de una asociación o colectivo por encima de aquellos criterios de aplicación universal al conjunto de las víctimas», cita.

La verdad, «tanta como sea alcanzable», es, según la propuesta de la Fundación una «exigencia» para las víctimas y, a la vez, «una obligación y una necesidad pedagógica» para la sociedad. «La verdad obliga a señalar a los autores, materiales (asesinos) e intelectuales (productores de ideologías legitimadoras). No son admisibles las tentativas de torcer el brazo a la verdad imponiendo un relato blanqueador o negacionista de la violencia responsable de la victimación», detalla. En ese mismo sentido, se refiere a que las víctimas necesitan la verdad para cauterizar su herida, mientras que, a su vez, «ellas desvelan la parte silenciada de la realidad, pero que forma parte de la realidad». La FVT expone además que el deber de memoria es «la prolongación natural de la exigencia de verdad».

También se refiere a que el carácter de «referente moral y cívico» de las víctimas es lo que las convierte en agentes educativos y que su función pedagógica se concreta en «la deslegitimación del continuo de la violencia, desde las creencias y los discursos a las prácticas de persecución y aniquilación en cuanto constituyen un atentado contra los derechos humanos fundamentales». El texto pide el refrendo a que la convicción de que las víctimas son la narrativa «más potente» contra el terrorismo, y su testimonio un poderoso medio preventivo frente a la radicalización.

En otro de sus apartados plantea como reflexión que la dignidad de las víctimas, «distintivo de una sociedad moralmente educada», no es compatible con «la exaltación de quienes las convirtieron en tales».

Propone igualmente que las asociaciones de víctimas y la sociedad civil deben insistir en el cumplimiento de los principios de verdad, justicia y reparación, «pero la aplicación cotidiana y la concreción de los mismos es competencia de los organismos e instituciones del Estado». «El ámbito de actuación que corresponde a las víctimas es el de la sociedad civil, no les asiste más competencia para mediar en la política, incluida la penitenciaria», acota.

La FVT se detiene también en la reflexión de que «la crítica estrictamente política se puede ejercer desde los partidos u otras organizaciones, sin implicar a las asociaciones de víctimas, y cuidando de evitar la identificación de las personas que practiquen esa doble militancia con el conjunto de las víctimas». Su propuesta habla de una exigencia de rigor a los propios colectivos en torno a los criterios de admisión y representación, con objeto de «no dejarse diluir en formaciones que no representen a las víctimas del terrorismo en sentido estricto».

Al acto de presentación del documento por parte de la FVT, en el palacio de Zurbano en Madrid, han asistido de forma presencial o telemática las asociaciones 11M Afectados del Terrorismo, Ertzainas y Familiares Víctimas del Terrorismo (Serfavite), la asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo, Asociación Ayuda Víctimas 11M, Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo (Acavite), Asociación Extremeña Víctimas del Terrorismo, Asociación Navarra Víctimas Terrorismo (Anvite), Asociación Riojana Víctimas Terrorismo, Asociación Víctimas Terrorismo Comunidad Valenciana (Avtcv), Asociación Víctimas Terrorismo Castilla Y León, Covite, las fundaciones Alberto Jiménez Becerril, Fernando Buesa, Gregorio Ordóñez, Víctimas del Terrorismo Por La Paz (Vitepaz), Federación Autonómica Asociaciones Víctimas Del Terrorismo, Fundación Rodolfo Benito Samaniego, Fundación Profesor Manuel Broseta y Asociación Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo. No han comparecido, Zaitu, AVT, APAVT, la Fundación Miguel Ángel Blanco y Dignidad y Justicia, a las que la fundación hará llegar igualmente el documento para que incluyan sus aportaciones.