El frenazo a la Seguridad Social enfría las expectativas de culminar el Estatuto este año

El lehendakari Imanol Pradales fue rotundo tras la reunión del pasado martes en La Moncloa con el presidente y quiso fijar un mensaje que cale en el Ejecutivo central: «El tiempo corre, el calendario nos interpela y el pacto obliga». Esa misma línea siguió ayer el PNV, con una Maribel Vaquero, portavoz de los jeltzales en el Congreso, que apuntaló la idea. El texto firmado entre los dos partidos que propició en 2023 que Sánchez se mantuviese en La Moncloa es claro: «Culminar el autogobierno presente con la transferencia a Euskadi de las competencias aún pendientes en el plazo improrrogable de dos años». Es decir, en noviembre del 2025. Fuentes de Lehendakaritza admiten a este periódico que parece «ambicioso» completar el acuerdo en los tiempos establecidos, pero exigen que «la otra parte haga el trabajo riguroso que hemos hecho nosotros».

Ambos ejecutivos se han emplazado a otra reunión en otoño, unas fechas que coincidirían con la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. Un examen de máxima exigencia para Sánchez, en una situación de extrema delicadeza por el supuesto caso de corrupción Cerdán-Ábalos-Koldo que afecta a su partido, y que podría convertirse en un balón de oxígeno si los socios de investidura dan luz verde al proyecto económico. Completar el primer bloque de la transferencia de la Seguridad Social podría ser clave para hacerse con el apoyo de los jeltzales, aunque todo hace indicar que las exigencias del PNV ante un Ejecutivo central en debilidad parlamentaria no serían baratas. Y es que si se frustrase la aprobación de los presupuestos, Sánchez quedaría tocado y casi hundido.

El Gobierno Vasco no logró cerrar el martes el primer bloque de los cinco que tiene el régimen económico de la Seguridad Social y deberá seguir trabajando para hacerse con la gestión del paro. Una materia que corresponde al ministerio de Yolanda Díaz (Sumar) y a la que tanto PNV como PSE hicieron responsable del frenazo en el traspaso de esta materia.

El escollo, según apuntaron ayer los dos partidos que gobiernan en Euskadi, se encuentra en el socio de coalición de Sánchez. Y no es una traba menor, ya que el departamento de Díaz debería transferir las prestaciones y subsidios por desempleo, que supondrían la gestión anual de 800 millones de euros a través de Lanbide y la desaparición de las oficinas del Sepe. Las materias sobre las que sí se llegó a un acuerdo y que dependen del ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de la socialista Elma Saiz, son la parte económicamente menor de este primer bloque: 100 millones de euros.

Tanto jeltzales como socialistas vascos cargaron ayer contra la formación de la ministra de Trabajo. «Tenemos un compromiso de investidura con Sánchez y alcanza a todo el gobierno, también a un ministerio que sea dirigido por una persona de Sumar», apuntó Vaquero. El ala socialista del Ejecutivo autonómico también señaló a la formación de Díaz. «Es verdad que hay una serie de reticencias importantes, no especialmente por la parte del Gobierno del PSOE, sino más bien por quien gobierna el Ministerio de Trabajo», aseguró Mikel Torres, consejero de Economía, Trabajo y Empleo.

El lehendakari ya pidió a Sánchez el martes «que ponga orden» en el Gobierno central para completar el Estatuto de Gernika, aunque también destacó que «por fin se ha abierto el candado para la gestión» futura de la Seguridad Social, que «ha permanecido cerrado a cal y canto».

Quien trata ahora de despejar las culpas es Sumar. El líder de la formación de Díaz en Euskadi, Lander Martínez, aclaró ayer que «no ponemos ningún bloque al compromiso adquirido con el cumplimiento del Estatuto de Gernika». Y subrayó en declaraciones para este periódico que si no se llegó a un acuerdo con el Gobierno Vasco es porque «este traspaso requiere tiempo y garantías jurídicas. Es decir, más trabajo». Y, ante las críticas de Pradales, quien censuró que «seguimos observando concepciones centralistas», Martínez defendió que Díaz tiene «una postura muy clara con la descentralización del Estado».