Los expertos que ultiman el nuevo estatus no logran un acuerdo sobre el derecho a decidir

Los juristas propuestos por el PNV y Elkarrekin Podemos -Mikel Legarda y Arantxa Elizondo- han acercado más sus posiciones mientras que el planteado por el PSE -Alberto López Basaguren- mantiene discrepancias en torno al derecho a decidir, la consulta habilitante y la distinción entre 'nacionales' y' ciudadanos' que, al parecer, podría mantenerse en la propuesta de trabajo que se enviará al Parlamento Vasco para su posterior debate.

Los expertos designados por el PP y EH Bildu -Jaime Ignacio del Burgo e Iñigo Urrutia- se han desmarcado del conjunto del trabajo. El primero entiende que desborda el marco constitucional y estatutario, y el segundo que no es coherente ni congruente con las bases acordadas entre los partidos abertzales en el Parlamento, que propugnaban un estatus de autogobierno que superase el actual modelo autonómico.

El grado de aproximación es sensiblemente mayor entre Legarda, Elizondo y López Basaguren en otros aspectos relevantes de la propuesta de reforma del Estatuto de Gernika como son las relaciones con la Unión Europea, la actualización del acervo de competencias de Euskadi, el Poder Judicial y la acción exterior. El hilo conductor de los protagonistas de este acercamiento ha sido el encaje constitucional de sus conclusiones.

Las discrepancias -en torno a un 30% del proyecto- podrían materializarse en enmiendas al articulado que los grupos presentarán cuando el texto se plasme en forma de proyecto de ley para su discusión en la Cámara. Lo probable es que la iniciativa deba abordarse ya por el Parlamento Vasco en la próxima legislatura.

El derecho a decidir sigue siendo el escollo político principal de un entendimiento estratégico entre el PNV, el PSE y Elkarrekin Podemos. El lehendakari Iñigo Urkullu ha reclamado la búsqueda de una mayoría transversal y amplia para impulsar esta reforma estatutaria. Un hipotético respaldo de estas tres formaciones facilitaría su aprobación posterior en el Congreso, en donde harían falta 176 votos, o sea, la mayoría absoluta, para sacarla adelante como ley orgánica.

La encomienda del Parlamento Vasco a los expertos tenía dos funciones: por un lado, establecer un texto articulado que fuera coherente con las bases pactadas por el PNV y EH Bildu sobre la base del respeto al derecho a decidir y sobre el reconocimiento de una relación bilateral y confederal con el Estado; por el otro, buscar puntos de encuentro con las enmiendas propuestas por el PSE, Elkarrekin Podemos y el PP.

Modelo bilateral

Uno de los asuntos más controvertidos es el de la denominada consulta habilitante, una figura recogida en el acuerdo parlamentario de bases entre el PNV y EH Bildu. Este mecanismo consistiría en Euskadi en una especie de plebiscito de la propuesta aprobada por el Parlamento Vasco entre la ciudadanía de Euskadi con carácter previo a su negociación con las Cortes Generales, y no en última instancia, como referéndum, que es lo que establece el procedimiento de reforma del Estatuto en la actualidad. La consulta habilitante se convertiría en una baza de presión política de cara a una posterior negociación con el Estado.

López Basaguren ha subrayado en diferentes trabajos académicos publicados en los últimos años su oposición a la consulta habilitante, que tuvo algunos predecentes similares en la Segunda República. En su opinión, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es muy clara al respecto al entender que las Comunidades Autónomas no tienen facultad para convocar y organizar ni referéndums ni consultas, aunque no sean jurídicamente vinculantes.

El PNV entiende que no hay que cerrar la puerta en la propuesta de nuevo estatus a una consulta popular previa que sirviera de palanca a la negociación en Madrid, siempre y cuando supere el escollo de inconstitucionalidad y sea autorizado previamente por el Estado, un escenario que cree que es factible de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional.

El mayor empeño de los negociadores ha sido encauzar el articulado en el actual marco constitucional, desde el reconocimiento de que la singularidad del autogobierno vasco admite una relación bilateral con el Estado, ya asumida en la negociación del Concierto Económico, por ejemplo, pero también multilateral en la medida en la que el Estado autonómico está basado en un principio de lealtad cooperativa.

EH Bildu ya ha expresado su malestar por el previsible desenlace de este proceso, ya que, en su opinión, la dinámica resultante no es coherente con las bases acordadas hace un año y supone una nueva renuncia que no termina de romper con el marco autonómico. La izquierda abertzale propondrá un articulado alternativo que, recalca, estará fundamentado en esas bases soberanistas acordadas con el PNV, y se inspirará en las tesis autodeterministas del plan Ibarretxe, que se sustentaba en un modelo de 'libre asociación' asentado sobre el principio del derecho a decidir.

El PNV se ha movido en los últimos meses en un equilibrio complejo entre la retórica y el pragmatismo. Por un lado, no quiere dejar en bandeja la reivindicación del derecho a decidir a Euskal Herria Bildu, y menos en una coyuntura previa a las elecciones autonómicas. Y, por otro lado, propugna que la actualización del autogobierno resulte viable con el procedimiento de reforma estatutaria y esté alejada de la vía unilateral emprendida en Cataluña.