Euskadi ya es titular de toda su red de carreteras tras el traspaso de la AP-68

La delegación vasca en la Comisión Mixta de Transferencias, conectada con la del Gobierno central por vídeo./IREKIA
La delegación vasca en la Comisión Mixta de Transferencias, conectada con la del Gobierno central por vídeo. / IREKIA

La Comisión Mixta de Transferencias ha firmado este martes la transferencia de esta autopista y ha acordado seguir negociando otras tres materias

Miguel Villameriel
MIGUEL VILLAMERIEL

Las instituciones vascas ya tienen la titularidad de todas las carreteras que atraviesan Euskadi después de que los gobiernos central y vasco hayan formalizado este martes el traspaso de los tramos vizcaíno y alavés de la autopista AP-68. La Comisión Mixta de Transferencias se ha reunido este tarde por videoconferencia desde Vitoria y Madrid para certificar la transferencia a Euskadi de los 77,5 kilómetros de la AP-68 que transcurren por territorio vasco: desde el punto kilométrico cero (Bilbao) hasta que la vía se adentra en Burgos tras atravesar Bizkaia y Álava. Además, la Comisión Mixta ha acordado seguir negociando otras tres materias (ayudas a los ERE, seguro escolar y legislación de productos farmacéuticos) con la idea de poder cerrarlas antes de las elecciones generales del día 28, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez pasará a estar en funciones.

La delegación de Euskadi en la Comisión Mixta ha estado encabezada por los consejeros de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka; de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, y de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia. La comitiva estatal no ha contado con la presencia de la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ya que es candidata en las elecciones generales, y ha estado liderada por el secretario de Estado de Política Territorial, José Ignacio Sánchez Amor. También ha formado parte de la misma el delegado del Gobierno en el País Vasco, Jesús Loza, que pese a estar en Vitoria como los consejeros autonómicos, ha participado en la videoconferencia desde otra ubicación y a través de otra pantalla.

El traspaso de la AP-68 forma parte de un bloque de cuatro transferencias que ambos gobiernos han negociado en las últimas semanas y que pretendían sellar antes del inicio de la campaña electoral. Con esta idea intensificaron las conversaciones e intercambio de documentos pero las discrepancias sobre la valoración económica de los traspasos evitaron alcanzar un acuerdo antes de esa fecha. Finalmente este lunes las ponencias técnicas de los dos ejecutivos lograron un pacto sobre la AP-68 que este martes ha sido ratificado en la Comisión Mixta.

El Gobierno Vasco valora que se haya «respetado» el modelo del Concierto Económico y del Cupo, que establece cuánto aporta Euskadi a las arcas comunes por las inversiones que el Estado hace en esta comunidad autónoma. Esa cantidad está fijada en el 6,24% del total del dinero que el Gobierno español invierte en el conjunto de España. Como el Estado destina anualmente 31 millones de euros a las carreteras de peaje y en Euskadi únicamente es titular de la AP-68, a partir de ahora el Gobierno Vasco podrá descontar del Cupo los 2 millones de euros que corresponden a ese 6,24%.

El Ejecutivo tiene previsto traspasar a su vez la autopista a las diputaciones alavesa y vizcaína, que son las instituciones competentes en materia de carreteras y que son además las que decidirán si establecen bonificaciones para los peajes y si a partir de 2026, cuando termina la concesión a Abertis, la AP-68 sigue siendo de pago.

La negociación sigue

De cara a los tres traspasos pendientes (relativas a la jubilación ordinaria de los trabajadores afectados por un ERE, la legislación sobre productos farmacéuticos y el seguro escolar), la Comisión Mixta ha introducido una cláusula en la que ambos gobiernos se comprometen a seguir negociando «en los próximos días». El consejero de Autogobierno, Josu Erkokera, ha reconocido esta mañana que aún existen «dificultades», aunque se ha mostrado «optimista» ante la posibilidad de que estos tres traspasos se materialicen antes del 28 de abril, fecha en la que el Gobierno central entrará en funciones y su capacidad decisoria se verá limitada.