El etarra 'Mikel Antza' pide retrasar su declaración por el asesinato de Ordóñez por estar de vacaciones en Mallorca

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el extarra -que figura como investigado en el procedimiento pero se encuentra en libertad- solicita al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 1 que señale el interrogatorio «para una fecha posterior al 11 de septiembre».

La letrada de 'Mikel Antza' explica que el investigado tiene «desde hace varios meses» reservadas unas vacaciones en Mallorca entre los días 4 y 11 de septiembre, por lo que no podrá comparecer el día 10 por videoconferencia desde los juzgados de San Sebastián. Y añade a su escrito el comprobante de los billetes de ferry «como documento acreditativo».

Fue el pasado 8 de agosto cuando el juez De Jorge fijó la fecha de su interrogatorio y de otros dos exmiembros de la organización terrorista -Ignacio Gracia Arregui, 'Iñaki de Rentería', y Juan Luis Aguirre Lete, 'Insuntza'- por su presunta participación en la planificación del asesinato de Ordóñez en San Sebastián el 23 de enero de 1995.

El instructor les señaló por presuntos delitos de asesinato terrorista y de atentado contra la vida del exdirigente 'popular' basándose en «datos y circunstancias de valor fáctico que, representando más que una mera posibilidad y menos que una certeza, suponen por sí mismas la probabilidad de la comisión del delito».

«Los indicios se desprenden, en primer lugar, de las declaraciones de los testigos protegidos que obran en el sumario, de donde se desprende que la decisión de cometer el atentado que costó la vida a Gregorio Ordóñez la tomó en Francia el Comité Ejecutivo de la banda criminal ETA, y la orden de ejecutarlo se transmitió al 'comando Donosti', que la puso en práctica», indicó en un auto.

El asesino de Ordóñez, Valentín Lasarte, fue detenido en marzo de 1996 y declaró la forma en que se planificó y materializó el atentado, recordó el juez. Dos años antes, según apuntó, se reunió con José Javier Arizcuren Ruiz, 'Kantauri', en una cita en la que le impartió las directrices que emanaban de la cúpula de la banda.

La asociación Dignidad y Justicia (DyJ), que ejerce como acusación en la causa, celebró que se trataba del cuarto procesamiento de miembros de la cúpula de ETA tras los de los casos de Miguel Ángel Blanco, Santa Pola y Francisco Arratibel.

DyJ resaltó en una nota de prensa que los informes de Guardia Civil y Policía Nacional aportados en la causa permitieron a los investigadores averiguar quiénes estaban al mando cuando se cometieron algunos asesinatos.