La Ley de Memoria Histórica recogerá un censo de damnificados por la Guerra Civil y la dictadura

Las modificaciones acordadas, un total de 14, se refieren en un primer aspecto a la reparación, según ha explicado Jon Hernández, parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU, formación que presentó un total de 60 enmiendas al texto. Se incluirá, por tanto, la reparación integral de las víctimas en el objetivo y finalidad de la ley, «superando la reparación moral que era la única a la que se aludía en los objetivos y finalidad de la ley». En este sentido se garantizará también el ejercicio de la reparación económica cuando corresponda, y que esta no esté sujeta a disponibilidad presupuestaria. Se deberá implementar obligatoriamente por parte del Gobierno, según el acuerdo.

En segundo lugar se incluye la categoría de víctima de manera explícita en el artículo sobre personas destinatarias de la ley y se amplían los supuestos para ser considerado víctima. «A los guerrilleros antifranquistas que lucharon en los primeros años de la dictadura o a los voluntarios internacionalistas que lucharon en Euskadi desde el primer día entre otros. No era aceptable que la ley solo otorgase la condición de víctimas a fallecidos», ha expuesto.

Incluirá un censo de víctimas del levantamiento militar y de la dictadura. Tanto de fallecidos como de supervivientes, «ya que el proyecto del Gobierno Vasco solo planteaba un censo de fallecidos durante la guerra». «Esto dejaba fuera a muchas víctimas, no habrá víctimas de primera y de segunda. Son víctimas las represaliadas por el franquismo durante la guerra y las represaliadas durante los 40 años de dictadura. Son víctimas los muertos, pero también los supervivientes», ha expresado.

En el capítulo dedicado a la justicia, se va a modificar el texto para buscar la aplicación de la ley conforme al derecho internacional y humanitario por el cual «los crímenes del franquismo ni prescriben ni pueden ser amnistiados». Se asegurarán también medidas de reparación jurídica en relación con la nulidad de las condenas franquistas.

El acuerdo incluye también la obligación de las administraciones públicas vascas de colaborar con la justicia internacional, como por ejemplo con la querella argentina, así como la obligación de colaborar con las víctimas para el acceso a la justicia.

En este capítulo se incluye la obligación de comunicar a las autoridades judiciales el hallazgo de restos humanos, «lo cual es importante para la judicialización de los crímenes del franquismo. Puesto que son víctimas, no restos de la historia», ha citado Hernández.

En el apartado de memoria propiamente dicho, la ley incluirá el artículo que garantizará «las políticas específicas para las mujeres que sufrieron represión no solo por aquellas cuestiones por las que se reprimió también a los hombres, sino además por el mero hecho de ser mujer». La represión del franquismo contra las mujeres, ha indicado Hernández, fue «específica, generalizada y sistemática, y tuvo formas especiales de violencia hacia ellas».

Se establecerá además la participación de las asociaciones memorialistas a la hora de determinar los lugares, espacios e itinerarios de la memoria y se amplían las categorías de símbolos y elementos contrarios a la memoria, incluyendo aquellas construcciones arquitectónicas, no solo escultóricas, erigidas para rendir honores a los franquistas.

Habrá obligación por ley de elaborar por parte de Gogora un plan para la eliminación de estos símbolos. «Algo que por lo tanto no quedará a la buena voluntad del Gobierno. Su propuesta también supone «endurecer el régimen sancionador para quien cometa destrucción o daño de los lugares y espacios de la memoria histórica».

Estas modificaciones se refieren también a incluir en la ley derechos para las organizaciones políticas y sindicales que plantaron cara al fascismo. En relación con las exhumaciones, con las inhumaciones y con los actos de reconocimiento de las víctimas que pertenecían a estas organizaciones. Y también el derecho al reconocimiento de las organizaciones por su labor contra el golpe y la dictadura.

La ley establecerá además la obligatoriedad de que exista «al menos» un columbario de la dignidad en cada uno de los tres territorios históricos.

El acuerdo con Elkarrekin Podemos-IU también se detiene en el capítulo de la verdad y de ese modo habrá obligación de establecer un equipo científico profesional compuesto por personalidades referentes en materia de Derechos Humanos y expertos en la Guerra Civil y dictadura franquista, para elaborar no solo el Informe-base de vulneraciones de derechos humanos en Euskadi durante la Guerra Civil y el franquismo, sino también un informe con conclusiones.

El Gobierno Vasco estará obligado a presentar un plan plurianual para la búsqueda de personas desaparecidas durante la guerra. El banco de ADN no se va a limitar a las víctimas mortales de la guerra, sino que va a ser un banco de ADN para todas las víctimas. Además de incluir la gratuidad obligatoria en la toma de muestras de familiares de víctimas.

Se va a crear un archivo de testimonios de la guerra civil, que formará parte del Centro Documental de la Memoria Histórica de Euskadi, así como oficinas municipales y territoriales de memoria histórica, tal y como ya se ha puesto en marcha en Irun.

En relación al derecho a la verdad, Hernández también ha citado medidas para garantizar la accesibilidad a los archivos relativos a la memoria histórica y se endurecen las sanciones para los casos de destrucción u ocultación de documentos relativos a los crímenes del franquismo.

La ley incluirá también una disposición adicional que obliga al Gobierno Vasco a establecer una dotación «suficiente» en los Presupuestos vascos para la ejecución de las obligaciones de esta ley.

Jon Hernández ha explicado que aún con «los avances que supone» la ley de memoria histórica que se aprobó en el Congreso de los Diputados, Euskadi «necesita» una ley autonómica que ordene las políticas públicas de memoria en esta comunidad y que dé la máxima cobertura legal para cumplir los principios de verdad, memoria, justicia y reparación. «Las políticas de memoria no pueden estar al albur de la mayor o menor voluntad de un Gobierno, se tienen que establecer derechos y deberes. Es lo que llevamos años planteando al Gobierno Vasco. Por eso nuestra perseverancia con una ley de memoria durante estos años ante la negativa que se dio en un primer momento por parte del PNV», ha afirmado.

Hernández ha remarcado que el Gobierno Vasco «se vio obligado a reconocer que con la ley de creación de Gogora no era suficiente» y presentó un proyecto de ley que, a su juicio, «tenía serias carencias y aunque bien intencionado era muy poco ambicioso».

Elkarrekin Podemos-IU respaldó en su momento la toma en consideración del proyecto de ley frente a las propuestas de retirar la ley instadas por parte del PP y Vox «que no quieren Ley de Memoria porque supone destapar sus vergüenzas y les retrata en su legitimación del golpe de derechas que provoco la guerra y la dictadura», ha citado.