Parece que escudriñar un decreto para regular la movilidad en un estado de alarma resulta todo un sudoku y su ejecución genera en ocasiones confusión ... y disfunciones. A las recientes pruebas hay que remitirse. El Gobierno Sánchez tuvo que girar y 'desgirar' algunas normas para capear en pleno confinamiento todo un temporal de críticas. Corrigió sobre la marcha decisiones atropelladas que se forjaron en decretos que salían casi en horario discotequero. Al final, pidió disculpas. Y una sensación parecida, salvando las distancias, ha ofrecido el Gobierno Urkullu en su estreno a la hora de normar las especificidades de una desescalada propia bajo mando vasco. Debe entrañar una innegable dificultad enhebrar toda esa alambicada madeja normativa porque quienes en su día reprochaban a Moncloa la falta de certezas e improvisación están ahora tropezando en la misma piedra. Las dudas sobre el encaje legal de la controvertida prohibición de las reuniones en casa, el regreso de los estudiantes a las aulas que nadie quiere decidir y las imágenes de algunas terrazas abarrotadas han supuesto todo un revés para quienes desde el Ejecutivo de Vitoria afearon a Sánchez su particular metodología de gestión. Ahora los socialistas vascos, socios del PNV en el Gobierno Vasco, no han perdido la oportunidad de pasar la correspondiente factura por el marcaje que los jeltzales han ejercido a Sánchez en la gestión de esta crisis sanitaria. La cogobernabilidad en las decisiones tiene sus riesgos y en política las críticas vuelven en efecto bumerán a la mínima. Todo se apunta.
Otra prueba de fuego pendiente son las elecciones aplazadas de abril. El lehendakari, que ha transformado la posible convocatoria de julio en su apuesta, irá a la reunión de partidos sin una decisión cerrada, pero ayer Josu Erkoreka avisó a la oposición de que hay que decidir entre julio y octubre. Más presión.
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