Zupiria plantea «revisar» la Ley del Menor para mejorar los controles en los udalekus privados tras las denuncias en Bernedo
Una de las denuncias sobre el campamento alavés, según ha especificado el consejero de Seguridad, es por una presunta agresión sexual y las otras tres por coacción y exhibicionismo
Hasta la fecha, son cuatro las denuncias que ha recibido la Ertzaintza en relación al 'caso Bernedo', el udaleku alavés que está en el centro ... de la polémica por presuntos delitos contra la libertad sexual de menores cometidos en sus instalaciones. Según ha desvelado este miércoles el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, una de las denuncias interpuestas es por una posible agresión sexual y, las otras tres, por posible atentado contra la libertad sexual de personas menores, con acusaciones de coacción y exhibicionismo. Y ha planteado por ello «revisar» las normas que ahora están en vigor, como la Ley del Menor, para comprobar «si son las más adecuadas para hacer un seguimiento» de las actividades de ocio privadas con menores implicados.
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«Lo más urgente es aclarar y determinar si, efectivamente, se han producido estas vulneraciones de derechos de estas personas menores, y eso es algo que corresponde hacer a la justicia», ha manifestado el responsable de Seguridad, que ha ofrecido toda colaboración por parte de la Ertzainrza a jueces y fiscales «para realizar las tareas que tengamos que realizar».
Zupiria, consciente del revuelo mediático que ha generado este caso, con menores implicados y sospechas por parte de la Ertzaintza desde finales del 2024, ha reconocido que, efectivamente, existen cuatro familias que «han cuestionado la seguridad» que existe en ese campamento. Tal y como informó este periódico, la Ertzainza inició sus primeras pesquisas después de que, en enero pasado, se registrase un escrito alertando de las «posibles agresiones sexuales a menores» en el udaleku privado que la asociación Sarrea celebra cada verano en la localidad alavesa. Hasta que el 30 de abril, una vez finalizadas sus diligencias, la Policía vasca remitió su atestado al Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria. Informe que ha estado en el 'limbo judicial' durante los últimos cinco meses, hasta que el juzgado abrió la semana pasada diligencias previas, una vez que este periódico destapó el caso.
No obstante, no fue hasta el pasado 25 de agosto cuando la Ertzaintza recibió la primera denuncia formal, mientras que las otras tres se recibieron el pasado viernes. Ahora, tal y como ha revelado Zupiria, se sabe que una de las denuncias es por una posible agresión sexual y el resto por un presunto delito de atentado contra la libertad sexual de personas menores, con acusaciones de coacción y exhibicionismo. Dos de ellas son en Gipuzkoa. Y el juzgado de Vitoria ya ha citado a declarar a tres «víctimas» del udaleku.
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«Lo primero es que hay que analizar, y la justicia debe responder con la colaboración de la Ertzaintza, a las cuatro denuncias que existen», ha insistido Zupiria, que ha defendido que no es a la Policía autonómica a quien le «compete» decidir si este verano se debería haber abierto o no el campamento, a pesar de haber remitido ya en abril el atestado al juzgado.
«Revisar» la normativa
Zupiria, además, ha reconocido en Radio Euskadi que «es conveniente» hacer una «reflexión» sobre si la estructura normativa actual, «las leyes, decretos y órdenes que tenemos en vigor, son adecuadas para hacer un seguimiento de la actividad privada de ocio y tiempo libre que se produce en nuestra comunidad». «Además de los udalekus que organizan las instituciones públicas, hay multitud de asociaciones privadas, la mayor parte de ellas sin ánimo del lucro, que organizan actividades de ocio a las que las familias apuntan a sus hijos, y creo que debemos revisar si las normas que tenemos ahora en vigor son las más adecuadas para hacer un seguimiento de esa actividad privada», ha incidido el consejero de Seguridad.
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Por todo ello, y preguntado sobre si puede haber un mayor control por parte de las instituciones públicas sobre las actividades privadas en las que entran menores en juego, Zupiria ha subrayado que hay dos ámbitos que competen a las instituciones públicas en este terreno. Una, ha dicho, tiene que ver con la Ley del Menor aprobada en el seno del Parlamento Vasco «y donde deberíamos tener un criterio claro, yo no lo tengo, sobre si la seguridad, la integridad y los derechos de los menores, en un caso como este, están resguardados o no». En segundo lugar, ha asegurado que luego hay una cuestión administrativa «que va más allá de las leyes que tiene que ver con los procedimientos que quien quiere montar un udaleku o una asociación de tiempo libre para menores debe cumplir o no».
«En ese caso estaríamos hablando de incumplimientos administrativos, no de delitos o no de vulneración de derechos básicos de la persona», ha especificado Zupiria, que también ha señalado que este caso «abre un debate, y esto va más allá de la seguridad, sobre el modelo de ocio y tiempo libre que queremos para nuestros hijos».
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