Covite denuncia el tercer grado al preso de ETA que mató a dos ertzainas de Itsasondo
Ordóñez considera la progresión «fraudulenta» y remarca que, frente a lo que dice el Gobierno Vasco, «la ley exige el arrepentimiento como condición indispensable»
El colectivo de víctimas del terrorismo del País Vasco, Covite, denunció ayer la concesión del tercer grado «fraudulento» al preso de ETA Mikel Otegi, condenado ... por el asesinato de los ertzainas José Luis González Villanueva e Iñaki Mendiluze Etxeberria el 10 de diciembre de 1995.
Otegi, que era entonces miembro de Jarrai fue absuelto por un jurado popular en la Audiencia de Gipuzkoa. En 1997, el Tribunal Superior ordenó repetir el juicio y Otegi huyó a Francia, donde se integró en ETA. En 2012 la Audiencia Nacional le consideró culpable de dos delitos de asesinato terrorista en concurso con uno de atentado, aunque le absolvió de pertenencia a organización terrorista, amenazas y coacciones y le aplicó la atenuante de consumo excesivo de alcohol y le condenó a 34 años de cárcel.
La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez que explica que estas semilibertades son «fraudulentas» porque «al contrario de lo que dicen los portavoces de la Consejería de Justicia del Gobierno Vasco, la ley exige el arrepentimiento como condición indispensable para progresar, y ese requisito no se está cumpliendo», también denunció el tercer grado de Ana Belén Egües que cumple 30 años de prisión por varios asesinatos, intentos de asesinato, depósito de armas y explosivos y por causar decenas de heridos. Entre sus víctimas mortales figuran Luis Ortiz de la Rosa, Justo Oreja Pedraza y Pedro Antonio Blanco García.
«Amnistía encubierta»
Ordóñez expuso que ambos miembros de la banda «están todavía vinculados a la izquierda abertzale y forman parte de las listas oficiales de Etxerat, donde son tratados como presos políticos. Lejos de estar arrepentidos siguen siendo exhibidos y tratados como héroes». Para Covite «se trata de una nueva muestra de la amnistía encubierta» que el Gobierno Vasco está aplicando a los presos de ETA, progresando al tercer grado a un número «cada vez mayor de condenados sin que estos cumplan con el requisito legal fundamental para progresar al tercer grado, que es el arrepentimiento».
Covite remarcó que el artículo 90 del Código Penal, tras la reforma de la Ley Orgánica 7/2003, de 30 de junio, se les exigen «signos inequívocos del abandono de los medios y fines de la actividad terrorista y que además haya colaborado activamente con las autoridades».
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