El Congreso blinda el Concierto y el Cupo mientras acalla los ataques de Ciudadanos

Más allá de la polémica alimentada por la formación de Rivera, que salió un tanto trasquilado de su protagonismo en el debate, lo fundamental es que la modificación de la ley del Concierto y la nueva ley quinquenal del Cupo fueron aprobadas por una inmensa mayoría del Congreso, a excepción de Ciudadanos y de Compromís. EH Bildu, por su parte, se abstuvo en la votación sobre el Cupo al considerar que el acuerdo entre los gobiernos central y vasco «responde a los intereses partidistas del PNV». La portavoz jeltzale en el pleno, Idoia Sagastizabal, mostró su contrariedad por el hecho de que la coalición soberanista «se alinee con los que tienen intereses contrarios a la ciudadanía vasca».

La aprobación definitiva de ambas leyes deberá confirmarse la próxima semana en el Senado, pero la férrea mayoría forjada por PP, PSOE, Unidos Podemos y PNV garantiza su entrada en vigor, que asegura cinco años de paz fiscal entre las instituciones vascas y el Estado, además de resolver las discrepancias que se habían arrastrado en los últimos cinco años. La importancia de la votación de ayer para las instituciones vascas quedó de manifiesto con la presencia de diversos representantes institucionales en la tribuna de invitados del Congreso. Allí se pudo ver sonrientes al consejero de Economía, Pedro Azpiazu, los diputados forales de Hacienda de las tres diputaciones, así como el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar. Todos ellos se fotografiaron en las escalinatas de la Cámara junto a los diputados jeltzales tras la celebración del pleno, como en las grandes ocasiones.

El debate que se produjo en el Congreso, sin embargo, dejó un sabor agridulce entre la delegación vasca. No hay que pasar por alto que la votación final registró el mayor número de votos negativos de la historia en una renovación del Cupo: por primera vez un 10% de la Cámara votó en contra del nuevo Cupo, los 36 diputados que suman Ciudadanos y Compromís. Un dato que refleja que la posición política que aboga por la «solidaridad territorial» en pleno debate sobre la financiación autonómica, que todos los partidos se comprometieron a impulsar antes de final de año, puede coger fuerza en el futuro próximo. Y que obligará a las instituciones vascas y a los partidos estatales que defienden la singularidad fiscal del Concierto y el Convenio navarro a redoblar los esfuerzos para hacer pedagogía y rechazar que se trate de un «privilegio», como denuncia C's.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, llegó al pleno con la idea de convertirse en el protagonista absoluto del debate y lo logró, aunque no siempre salió bien parado de ese 'yo solo contra el mundo'. Su posición política se basa en la idea de que «la mayor parte de los votantes españoles del PP no comparten este tipo de 'cuponazos' insolidarios con el resto de las comunidades autónomas», por lo que quiso fustigar al Gobierno de Rajoy por su acuerdo con el PNV en torno al Cupo. La mayoría de los grupos cargaron contra Rivera al acusarle de «tratar de enfrentar a unas comunidades autónomas con otras» y «fomentar agravios comparativos» para obtener réditos electorales de cara a las elecciones catalanas del 21-D.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, fue el encargado de defender la posición del Gobierno en el debate. Respaldó el Cupo y el Concierto con contundencia y negó que supongan privilegios para Euskadi o agravios para la financiación de otras comunidades de régimen común. Montoro, que ofreció una detallada explicación sobre ambas normas «para aclarar algunas cosas que uno escucha», destacó que estas leyes representan «la pluralidad y la singularidad de España». También apuntó que el acuerdo fue posible porque ambos gobiernos trabajaron «en el terreno de lo posible, sabiendo dónde están los límites», en clara alusión a las instituciones catalanas. En ese sentido, valoró el «respeto al marco legal» y la «lealtad institucional» mostrada por el PNV.

La diputada jeltzale Idoia Sagastizabal, que agradeció a Montoro su respaldo a la foralidad vasca, negó que el Cupo suponga una «sobrefinanciación ni un privilegio» y recordó que para que funcione se necesita «una gran capacidad de gestión política e institucional». Añadió que quienes lo rechazan lo hacen «por desconocimiento o por intereses cortoplacistas y populistas».