La comisión de vulneraciones reconoce como víctimas policiales a Rosa Zarra y a los cuatro tiroteados en la 'emboscada de Pasaia'

En el caso de Zarra, el informe expone que el 22 de junio de 1995 agentes antidisturbios intervinieron en Amara Berri, donde se concentraban los trabajadores de Alditrans de Oiartzun para pedir la liberación de José María Aldaia, que estaba secuestrado. Frente a ellos había una protesta, convocada por HB contra la actuación policial la víspera durante el entierro de Lasa y Zabala. Ros Zarra, de 58 años y que tenía un riñón trasplantado, se encontraba junto a su hija en las proximidades de la Paloma de la Paz, junto al estadio de Anoeta de Donostia. Vvían cerca y estaban esperando a su marido para ir a cenar. Hubo varios enfrentamientos entre los manifestantes y la Ertzaintza cargó para dispersarlos. Rosa Zarra recibió uno de aquellos impactos en la boca del estómago.

En el reconocimiento del caso de las cuatro personas tiroteadas en el puerto de Pasaia el 22 de marzo de 1984, la comisión indica en el informe que las autopsias realizadas por los forenses constataron que Pedro Mari Isart, Dionisio Aizpuru, Rafael Delas y José María Izura, presentaban 113 impactos de bala. La comisión de valoración ha concluido que ocurrió «una ejecución extrajudicial, tal y como ya reconoce la vía judicial» y que «la actuación policial no fue totalmente necesaria». «No se ha realizado una investigación eficiente, independiente, transparente y, por lo tanto, se evitó que floreciera la verdad», ha añadido.

La presidenta de la comisión de valoración, Juana Balmaseda, ha explicado que han resuelto, reconociendo de forma positiva la condición de víctima, hasta la fecha en términos globales, 243 expedientes. Quedan pendientes de analizar 344.

En el periodo que abarca este informe, se han resuelto 87 expedientes, 77 de ellos del periodo ordinario y diez del segundo periodo extraordinario. De ellos, cinco han sido resoluciones de reconocimiento, diez han sido de desistimiento y 72 han sido resoluciones de inadmisión-desestimación. De estas 72 resoluciones de inadmisión-desestimación, ha detallado, 13 lo han sido por haber presentado la solicitud fuera del plazo legalmente establecido, 26 por encontrarse fuera del ámbito objetivo de aplicación de la ley y 33 por encontrarse fuera del ámbito temporal de la ley.

En el documento presentado en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que preside en la Cámara vasca el socialista Ekain Rico, los expertos han denunciado la falta de medios para llevar a cabo su trabajo y han remarcado la necesidad de cubrir los puestos vacantes de forenses y psicólogos de la comisión para agilizar los trámites.

Jon Mirena Landa, miembro de la comisión, ha señalado dos recomendaciones urgentes como son «solucionar el problema de médicos forenses y psicólogos» para que pueden cumplir su labor «con eficacia y en condiciones de trabajo dignas» y reabrir los plazos para que las víctimas puedan presentar sus solicitudes, ya que «las solicitudes se están acumulando y ya tenemos casi 100». Balmaseda ha considerado «importante y urgente» la reapertura de plazo con «una mirada províctima, para que nadie que quede fuera» y ha dicho que, de atenderse las recomendaciones expuestas, «recuperaríamos el ritmo de trabajo y seríamos capaces de finalizar con la tramitación de todos los expedientes antes de que finalice la legislatura».

El parlamentario del PP Santiago López ha lamentado que la comisión «siga mostrando los mismos problemas» que ya han criticado en el pasado, mientras que el parlamentario del PSE-EE Pau Blasi ha recogido las demandas de la comisión sobre «la carga de trabajo y la falta de medios personales y materiales» que «interpelan directamente» al Gobierno y ha asegurado que el Departamento de Justicia y Derechos Humanos está haciendo «un gran esfuerzo por desbloquear temas que, por distintos motivos, se están viendo atascados».

Arkaitz Rodriguez, de EH Bildu ha destacado que, hoy en día, «la amplia mayoría de los grupos parlamentarios no pone en duda que haya habido víctimas del Estado, aparte de las víctimas de ETA» y se ha mostrado de acuerdo en la necesidad de abrir un nuevo plazo para la entrega de solicitudes y cree necesario ampliar el marco temporal de la ley «porque antes del año 1978 y después de 1999 también hubo víctimas del Estado».

Por parte del PNV, Xabier Barandiaran ha reconocido que es «duro escuchar que, al final, la comisión no ha podido realizar su trabajo porque le han faltado recursos» y se ha mostrado de acuerdo con la revisión de plazos para «evitar que haya víctimas o potenciales víctimas que queden fuera de estos procesos».