El PNV ayudará a allanar el camino para que Rajoy module su política penitenciaria

El marcaje de Ciudadanos, que quiere mantener la dispersión de los presos de ETA y amaga con introducir este tema en la liza electoral, y el pressing de determinados colectivos de víctimas del terrorismo, no lo ponen fácil a los sectores del PP, que haberlos haylos, más partidarios de adecuar la estrategia carcelaria a los nuevos tiempos.

Con todos estos ingredientes sobre la mesa, en el seno de la formación nacionalista vasca entienden que hace falta tiempo y cocina para ir madurando un hipotético cambio de la situación, aunque también advierten de que cuestiones como el fin de la dispersión o la libertad de los enfermos no pueden alargarse en demasía. El propio Urkullu, en una entrevista ayer con este periódico, exponía la necesidad de que Mariano Rajoy «se libere de esa idea contaminada de que acercar a los presos o reivindicar otra política penitenciaria persigue la impunidad o la amnistía», en un intento de hacer ver a Moncloa que este proceso debe descansar sobre cauces legales.

La principal apuesta del PNV y el Gobierno Vasco en esta nueva etapa será el Grupo de Trabajo sobre Política Penitenciaria propuesto por el lehendakari, Iñigo Urkullu, en colaboración con el Gobierno de Navarra y que busca sentar en esa mesa al Ejecutivo central. Una propuesta, escenificada el pasado viernes en Bertiz por Urkullu y la presidenta foral, Uxue Barkos, poco después de cerrarse el final de ETA. Una iniciativa novedosa que debería estar blindada previamente por mayorías parlamentarias en los parlamentos vasco y navarro, y en la que se pide también a la izquierda abertzale más autocrítica y en la que se garantizaría a Rajoy que la flexibilización de la situación de los presos de ETA se ajusta a la legalidad vigente.

Además, en Sabin Etxea confían en que el PP no pueda sustraerse a una mayoría parlamentaria también en Madrid partidaria de flexibilizar la situación. El PSOE, segundo partido en España, ya ha oficializado su apuesta por acercar presos a Euskadi, tal y como verbalizó su dirigente y exlehendakari, Patxi López, en Madrid el día de la disolución de ETA. Y la Podemos de Pablo Iglesias, tercera fuerza estatal, también respalda posibles movimientos. Además el PP contaría con el apoyo de las fuerzas nacionalistas vascas y catalanas, por lo que tendría asegurado una amplia y plural cobertura en el Congreso en Madrid.

El PNV tampoco renuncia a hacer valer en pacificación su actual influencia política y numérica en Madrid. Eso sí, desde el PNV descartan incluir el tema en la negociación presupuestaria, que desligan por completo de cualquier tema vinculado a la consolidación de la pacificación, que entienden, además, que no debe ser objeto de contrapartida en una negociación de carácter económico.

En este sentido, los peneuvistas apuestan por no presionar al Gobierno del PP con los presos de ETA y esperar también a que la coyuntura política en España recobre algo de calma, una situación que pasaría porque amaine la tormenta en Cataluña, con un nuevo Govern legal y la retirada del artículo 155 de la Constitución, algo en duda con la insistencia de Carles Puigdemont en ser investido; y la aprobación de los Presupuestos del Estado y la consiguiente estabilidad de la legislatura estatal al menos por un año y medio más.

Tampoco sería la primera vez que el PP efectuara movimientos de este tipo. En 1998, durante el proceso de Lizarra, el Gobierno de José María Aznar, con Jaime Mayor de responsable de Interior, acercó a reclusos de ETA durante aquella tregua. Y eso que la banda no había cesado definitivamente sus atentados y estaban muy recientes las heridas de acciones especialmente crueles como el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, el concejal popular de Ermua.

Paralelamente, además, el Gobierno francés ha comenzado ya a acercar a una docena de presos y sigue trabajando en un diálogo con cargos electos vascofranceses y colectivos de apoyo a los reclusos para acabar en un futuro en la medida de lo posible con la dispersión. En este sentido, el cierre de la persiana de ETA, escenificado además, en suelo galo, podría dar pie a nuevos movimientos por parte del Ejecutivo de Emmanuel Macron.

De momento, Rajoy no ha dado pie a ninguna expectativa. En su primera declaración institucional tras la desaparición de ETA, dijo no ver motivos para el acercamiento a prisiones de Euskadi y se limitó a señalar que los condenados cumplirán sus penas. Insiste en todos sus discursos políticos en que no habrá «impunidad» ni beneficios por el hecho de que la banda haya decidido ahora desaparecer.

Por su parte, la izquierda abertzale y el colectivo de presos observan con expectación los movimientos que se puedan producir en el nuevo horizonte sin la organización armada, aunque sin hacerse grandes expectativas, conscientes de que el Gobierno del PP no se moverá en este inicio. Su objetivo es crear mayorías institucionales, políticas y sociales en Euskadi que acaben moviendo a Madrid a mejorar la situación de los 282 presos, siguiendo la estela de París. No obstante, entre presos y expresos miran con inquietud el posible ascenso e influencia de Ciudadanos, partido que aboga por mantener la dispersión y que está subiendo en las encuestas como posible alternativa de Gobierno en España.

El EPPK mantiene que debe aplicarse a los reclusos la legislación ordinaria, permitirles salir del primer grado para optar a beneficios, ser acercados a Euskadi y sacar a la calle a los enfermos.