«El atentado fue decisión colegiada de todos los integrantes del 'comité ejecutivo' de ETA»

Aquel atentado -que costó la vida a la niña de seis años, Silvia Martínez, y a un vecino que esperaba el autobús, Cecilio Gallego- es uno de los sumarios reabiertos tras las querellas de la asociación Dignidad y Justicia contra los cabecillas terroristas en su ofensiva para tratar de llevarles al banquillo como autores intelectuales («autor detrás del autor») de aquellos atentados o por no haber impedido esos asesinatos a pesar de que tenían capacidad para hacerlo («comisión por omisión»).

El pasado 28 de julio el magistrado Manuel García-Castellón imputó por el ataque de Santa Pola a los etarras que hace dos décadas estaban en lo más alto de la organización. Se trata de Juan Antonio Olarra Guridi, «Jon»; Ainhoa Mugica, «Olga»; Félix Ignacio Esparza,«Navarro»; Mikel Albisu, «Mikel Antza»; Ramón Sagarzazu, «Ramontxo»; y María Soledad Iparraguire, «Anboto». Todos ellos están citados a declarar por aquel atentado este lunes.

De forma paralela a su imputación, el juez pidió a los servicios antiterroristas un gran informe sobre la forma de actuar y el control efectivo del 'Zuba' (comité ejecutivo de ETA) sobre los comandos en aquel 2002 y en particular sobre el talde 'Argala' que perpetro el atentado de Alicante. Y la conclusión de la Guardia Civil tras un larguísimo análisis de cada uno de los seis imputados es rotunda: «la decisión de llevar a cabo el atentado contra la casa cuartel de Santa Pola no pudo ser tomada por un miembro concreto o aislado del 'Comité ejecutivo' de ETA, sino que debió requerir del consenso y de la toma de una decisión colegiada por todos los integrantes del 'Comité ejecutivo' de la organización».

La UCE 2 afirma textualmente en su informe 06/2022 fechado el pasado 22 de septiembre que es «bastante improbable» que una acción terrorista de la «entidad» de la Santa Pola fuese llevada a cabo sin «órdenes concretas y específicas» del 'Zuba' al que pertenecían los seis imputados. Es más, los analistas aseguran que es impensable que los dos terroristas que colocaron el coche bomba (Óscar Zelarain y Andoni Otegi condenados en 2012 a 843 años de prisión) no recibieran instrucciones de sus entonces «responsables más directos» del 'Otsagi', «el núcleo dirigente del 'aparato Militar' de ETA, liderado en esas fechas por Olarra y Múgica».

«'Zuba' era el órgano de dirección donde se decidían, planificaban, coordinaban y autorizaban las acciones terroristas que cometían los comandos operativos ETA», apostilla la Guardia Civil. Nada se movía sin el visto bueno de los miembros de Zuba y, menos aún, un atentado del «alcance, la repercusión y las consecuencias de una acción terrorista como la cometida contra el citado acuartelamiento, el cual era habitado además de por agentes de la Guardia Civil, también por sus respectivas familias, entre ellos menores de edad».

Pero la Jefatura de Información va más allá. Los seis imputados, según sus investigaciones, además de participar en la orden de atentar en Santa Pola tuvieron en todo momento la posibilidad de dar la contraorden, pero no lo hicieron. «Los miembros del 'comité ejecutivo' de ETA no realizaron ningún acto para que los miembros del comando 'Argala' no colocasen el coche-bomba, habiendo podido hacerlo por su capacidad de mando dentro de la organización, de sus principales 'aparatos' y de sus comandos». «Pudieron haber evitado el desenlace último de hacer detonar el coche-bomba y evitar de este modo el terrible resultado que finalmente consiguieron, el asesinato de dos personas y un importante número de personas heridas y damnificadas», zanja la Guardia Civil.