Asuntos olvidados

Poco esfuerzo hace falta para devolver a la memoria tanto el colapso que sufrió el primer nivel de nuestro sistema sanitario como el alto precio que pagaron, en términos de enfermedad y vidas, las residencias de ancianos. La atención primaria, el dique de contención del sistema, se vio desbordada desde el mismo momento en que se declaró la covid, amenazando de saturación a una asistencia hospitalaria que, a duras penas y con enorme esfuerzo, logró contener la avalancha de ingresos. De similar modo, las más abandonadas que sólo desatendidas residencias de ancianos se vieron azotadas por más contagios y muertes de los que habrían sufrido de haber estado dotadas de suficientes recursos personales y materiales, así como de la debida competencia técnica y de la ayuda médica externa. Todo el mundo entendió aquellos días, y así lo confesó, que tanto la una como las otras constituían el eslabón débil en las respectivas cadenas de la sanidad o de la protección social.

Nada es, por supuesto, generalizable. La Comunidad vasca ha ocupado siempre los primeros puestos del ranking en ambas áreas, tanto en lo que respecta a la inversión como a la satisfacción social. Pero, dejadas de lado las comparaciones, nuestro sistema sanitario y nuestra protección social, al igual que cualquier otra institución, o bien ha mostrado, el uno, síntomas de cansancio y deterioro, o bien no ha alcanzado, la otra, el nivel esperado. La pandemia ha sido el test que los ha dejado desnudos ante la opinión pública. Y, si, en el área sanitaria, las deficiencias se camuflan gracias a una maquinaria profesional potente y bien consolidada, la social nunca ha logrado ponerse a la altura de lo que nuestro grado de desarrollo exigiría. Peor aún, en el campo de la protección social, no ha llegado a asentarse nada que merezca la denominación de 'sistema' en el sentido en que el término se aplica, por ejemplo, a la Sanidad o a la Educación. Se trata de un cúmulo de piezas sueltas, desigualmente distribuidas por el territorio, que no han formado un todo identificable. Nuestro sistema de bienestar social cojea de su tercera pata.

Así, si en la atención primaria se tratara de recomponer lo maltrecho –listas de espera, atención presencial, tiempos de consulta, suficiencia de personal generalista y especializado, extensión de cuidados a domicilio y a las residencias, fluidez de conexión con los hospitales y las diversas especialidades, etc.–, en la protección social se requiere un renovado empuje que retome y conduzca a término las buenas intenciones que se proclamaron en el inicio del autogobierno. La atención residencial a los ancianos, por singular y prioritaria, merece tratamiento aparte.

No cabe creer además que, al abordar estos temas, nos situamos al margen del desarrollo global del país. Por contra, más allá de la socorrida frase de que no hay desarrollo allí donde no se cuida de los más desfavorecidos, la evolución demográfica que se prevé hará que las áreas citadas resulten ser fecundos nichos de empleo y campos abonados para una investigación innovadora. Pese a ello, ni a una ni a otra se las cita en la conversación política del país, enfrascada, como decíamos, en trifulcas logomáquicas sin contenido. ¡Que los refuerzos y las reformas aún por abordar no permitan, al menos, que la atención primaria vuelva a verse desbordada ni las residencias devastadas cuando la pandemia se recrudezca u otra nueva asome en el horizonte!