Asesores, la vía rápida para la recolocación de políticos con sueldo público de hasta 80.000 euros

Es como encajar dos piezas en un puzle. A un lado, los aparatos de los partidos políticos se las ingenian para que dirigentes y militantes destacados sin cargo electo cuenten con una nómina, a poder ser sufragada con fondos públicos y no con los de la tesorería de la formación. Y al otro lado, las instituciones –ya sean gobiernos, parlamentos o entes dependientes– ofrecen un buen puñado de puestos de confianza bien remunerados, con criterios muy laxos y con escasa o nula rendición de cuentas de cara al ciudadano.

El 'clic' se produce cuando el político en cuestión es nombrado asesor, un perfil 'cajón de sastre' en el que caben desde técnicos hiperespecializados que en efecto asisten a los representantes públicos –muchos de ellos provienen del sector privado y hacen un paréntesis en su carrera para servir a la Administración– hasta personas que en realidad tienen cometidos muy distintos (o directamente desconocidos) a los que figuran sobre el papel. Por ejemplo, se puede ser asesor del Gobierno en relaciones con el Parlamento o incluso asistente de un grupo parlamentario y no pisar la sede legislativa.

Ahí está la clave que hace tan atractivos estos puestos a ojos de las fuerzas políticas; sobre todo, de sus responsables de Organización y Tesorería. No existe impedimento legal para que los asesores en una institución pública se dediquen más bien a labores puramente orgánicas, de su partido. Es por eso que todas las formaciones suelen reservar parte de su cuota de asistentes aquí y allí para colocar por la vía rápida a dirigentes sin cargo público, a jefes de gabinete o a directores de comunicación que trabajan para el partido pero cuyo sueldo se endosa al erario.

La oferta, además, es amplia: en el Gobierno central hay 795 plazas de asesor; en el Congreso, 322; en el Senado, 104... A nivel autonómico, en el Gobierno Vasco ascienden a 121 y en el Parlamento son otros 55 a repartir entre las seis formaciones con representación. Y hay decenas más en las tres Juntas Generales y en los ayuntamientos, pero es difícil lograr un cálculo exacto. En cualquier caso, si en algo coinciden todas las instituciones es en lo difícil que lo ponen para recabar información sobre estos perfiles. Sólo buceando en páginas web institucionales poco accesibles, en boletines oficiales y en respuestas por escrito se puede llegar a encontrar –y no siempre– la identidad de los asesores.

El último caso conocido es el de Jonan Fernández, exsecretario de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco y polifacético exasesor de Iñigo Urkullu que a principios de esta legislatura abandonó Lakua para volver a su puesto en la fundación Baketik, según él mismo explicó a este periódico. Sin embargo, su regreso a esa plaza se truncó, el contrato quedó rescindido y ahora el PNV ha optado por recolocarlo como asesor en las Juntas Generales de Gipuzkoa. De acuerdo a las tablas de la Cámara foral, su nómina anual ascenderá a los 59.083 euros brutos.

Es un sueldo similar al que cobran los asistentes en el Parlamento vasco, cifrado en 56.788 euros, si bien los aparatos suelen establecer diferentes niveles salariales en función de la responsabilidad y reclaman que se done parte del dinero a las arcas del partido. Allí el PNV tiene como asesora a Jone Berriozabal, presidenta del Araba buru batzar (ABB), quien se garantiza así una nómina pública mientras dirige la organización territorial de los jeltzales. Es una práctica que ya se puso en marcha con su predecesor, José Antonio Suso, cuando dejó de ser parlamentario.

El PNV no es ni mucho menos el único dado a estos ejercicios. Entre los asistentes parlamentarios de EH Bildu figuran dirigentes orgánicos como su responsable de Política Institucional, Unai Urruzuno. El caso más llamativo es el de Arantxa Izurdiaga, coordinadora de la coalición soberanista en la Cámara de Navarra pero cuya nómina le llega desde el Legislativo de Euskadi sin que conste ningún tipo de actividad suya en la sede de Becerro de Bengoa.

El resto de grupos tiene menos asesores y, por tanto, menos capacidad para endosar al Parlamento vasco el sueldo de personas que trabajan más bien para los partidos. Aun así, PSE-EE y PP utilizan su cuota de asistentes para situar allí a los jefes de gabinete de sus respectivos líderes y a los directores de comunicación de ambas fuerzas (igual que PNV y EH Bildu). La única asesora de Sumar es Alba García, la que fue su candidata a lehendakari, quien ejerce eso sí como coordinadora del grupo en la Cámara de Vitoria. Podemos también colocó como asesora en las Juntas de Gipuzkoa a su exlíder Pilar Garrido cuando se quedó sin acta de diputada.

En el Congreso, el PP tiene contratado como asesor a Carlos Iturgaiz. El expresidente del partido en Euskadi trató de lograr un escaño en Bruselas en las elecciones europeas, pero no lo consiguió y Alberto Núñez Feijóo lo recolocó como secretario de Libertades Públicas en Génova. Su sueldo, cifrado en 63.557 euros, lo paga la Cámara baja.

Y más allá de las asambleas legislativas, los gobiernos también son un filón en esta práctica. El PNV suele reservar plazas de asesor en el Gobierno Vasco para situar a sus burukides, que por incompatibilidad no pueden tener responsabilidades ejecutivas en la Administración. Un caso paradigmático es el de Miren Martiarena, que dejó de ser directora de Buen Gobierno para poder integrarse en la ejecutiva jeltzale y 48 horas después fue recolocada como asesora en Educación (80.263 euros al año). En la Diputación de Bizkaia, el exvicelehendakari Josu Erkoreka (73.700 euros) y el exburukide Koldo Mediavilla también ocupan ese tipo de plazas.

• Temas
• Partido Nacionalista Vasco (PNV)
• Jonan Fernández
• Josu Erkoreka