ETA se vuelca en controlar las últimas armas antes de anunciar su disolución

ETA pretende llevar a cabo su disolución en las próximas horas tras cerrar antes uno de los principales problemas internos de cara a su final: la existencia de un grupo disidente que no comparte las formas del final de la violencia. Este sector minoritario se encuentra detrás del robo de pistolas y explosivos llevado a cabo en los días previos al desarme escenificado el 8 de abril de 2017.

El último episodio de este cerco sobre los disidentes se produjo el pasado 25 de abril, cuando la banda hizo llegar a la Fiscalía de Baiona la localización de dos cajas con 24 pistolas que había abandonado junto a un contenedor de basura en la citada localidad. Según distintas fuentes, este arsenal formaba parte del lote que los críticos robaron antes de que ETA se deshiciera de sus zulos y que la banda quería recuperar.

Los propios etarras habían enviado una carta a los verificadores que supervisaron la entrega de las armas a las fuerzas de seguridad en la que les explicaban que habían perdido el control de parte de sus arsenales. Posteriormente, en noviembre de 2017, el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo emitió un informe sobre la derrota de ETA en el que ya se citaba la intervención de grupos disidentes en la desaparición de las armas de la banda.

El informe del Memorial recordaba que la banda había hecho llegar a los mediadores un inventario de las armas controladas, es decir, de los zulos que sí tenía bajo su supervisión. Una parte de sus arsenales la daba por perdida al carecer de los planos de los depósitos o por considerar que estaban controlados por las fuerzas de seguridad. Una vez que el 8 de abril se produjo la entrega del armamento, fue evidente que no habían aparecido una parte importante del material que la banda decía tener en su poder. La lectura que realizaron los expertos en la lucha antiterrorista fue que habían sido robadas por disidentes, los únicos que podían tener acceso a los escondites. Según el recuento realizado por el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, faltaban 40 pistolas y 300 kilos de explosivos.

Desde esa fecha se han producido 'presiones' a las personas que la banda creía que podían estar detrás de este robo. Fuentes conocedoras de la situación han asegurado que en este proceso se ha hecho llegar a algunos críticos que «por las buenas o por las malas» se iban a recuperar las armas. Es en ese contexto en el que se produjo la entrega de Baiona de hace dos semanas.

Además de los disidentes internos de ETA -contrarios a la forma en la que se está desarrollando el proceso de disolución, pero que no han expresado su apuesta por una vuelta a las armas-, el sector crítico ha estado activo también contra la decisión de la banda de pedir perdón a parte de sus víctimas. Estos críticos están agrupados alrededor de ATA, el colectivo que reclama recuperar la petición de la amnistía y que ha calificado de traidores a los dirigentes de la izquierda abertzale al considerar que han abandonado a los presos a su suerte.

La cabeza visible de este sector -minúsculo y sin apenas capacidad de influencia- es Jon Iurrebaso, un exetarra que participó en las conversaciones entre la banda y el Gobierno de Zapatero. Este antiguo activista hizo pública una dura misiva, después de que la organización terrorista pidiera perdón a parte de sus víctimas, en la que exigía a ETA que se disculpara ante la sociedad vasca «por abandonar la lucha sin haber conseguido sus objetivos». Iurrebaso agregó que también debía disculparse por «haber entregado su arsenal armado». El tono tan radical de Iurrebaso ha provocado incluso el malestar de algunos de sus compañeros, que le han pedido que respete las decisiones de la banda ya que el objetivo final es intentar conseguir mejoras para los presos.