Interior quiere que los crímenes de ETA sean considerados de lesa humanidad

El Ministerio del Interior estima que se debe conseguir que los crímenes de ETA sean considerados de lesa humanidad y que hay que reformar la ley para flexibilizar algunos requisitos para conceder ayudas a las víctimas del terrorismo.

Estos planteamientos han sido expuestos hoy por el vocal asesor del Gabinete del secretario de Estado de Seguridad y la directora general de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, Jesús Rueda y Sonia Ramos, respectivamente, en el curso de la Universidad Complutense 'Contra la impunidad: Crímenes de lesa humanidad de ETA'. También ha participado el director del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, Florencio Domínguez, que ha advertido de una estrategia del mundo de ETA y Batasuna para conseguir no solo la impunidad penal sino también la política, social e histórica.

Jesús Rueda ha coincidido en que la izquierda abertzale trata de manipular la historia «para convertir en héroes a los asesinos y en asesinos a los héroes» y ha apostillado: «No vamos a permitir que los guardias civiles y los policías nacionales estén en el mismo saco y tengan el mismo reconocimiento social y político que los terroristas de ETA». En este sentido ha recordado que la banda terrorista mató a un total de 360 agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en más de 300 acciones, asesinando a doce niños y resultando heridos otros 99 menores. «No olvidamos a los niños asesinados y heridos en el reciente ataque de Niza y que el camión que conducía el terrorista se dirigía a un tiovivo pero eso también ha pasado en España», ha señalado.

ETA «derrotada»

Jesús Rueda ha explicado que «ETA está derrotada de facto y ahora la izquierda abertzale lucha en la batalla del relato». Para combatir en esta batalla ha hecho un llamamiento a implicarse con el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, «que es una fundación que no pertenece a ningún partido político sino a todos los españoles». Ha aclarado que aunque ETA anunció el cese de su actividad en 2011 desde entonces las Fuerzas de Seguridad han seguido actuando contra la banda terrorista y han detenido a 163 implicados en la organización y otras más de ochenta personas por enaltecimiento del terrorismo con humillación a las víctimas en las redes sociales.

Por su parte, Sonia Ramos ha propuesto una modificación legal para flexibilizar ciertos requisitos para conceder ayudas a víctimas del terrorismo dadas las dificultades para acreditar las amenazas ya que hay pocas denuncias por miedo a represalias. En este sentido ha precisado que además de reconocer a los miles de desplazados «expulsados» por ETA del País Vasco como ya hace la actual Ley de Víctimas del Terrorismo «hay que ir más allá» y compensar a los que se quedaron en Euskadi y siguieron en la lucha y tuvieron que desplazarse a otro barrio a otra ciudad pero dentro de la comunidad autónoma.

El director del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, Florencio Domínguez, ha advertido de una estrategia del mundo de ETA y Batasuna para conseguir no solo la impunidad penal sino también la política, social e histórica. Según Florencio Domínguez, «el objetivo último del mundo de ETA y Batasuna es conseguir la máxima impunidad penal y también la política, social e histórica de los crímenes tratando de dar sentido a tantos años de sufrimiento y de sangre y haciendo un esfuerzo por justificarlo diseminando responsabilidades y repartiendo culpas». El director del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo ha concluido diciendo: «Nunca hubo justificación para la actividad de ETA».