La sociedad civil tendrá más presencia en el Consejo Vasco de Participación de Víctimas

El Gobierno de Iñigo Urkullu ha acordado este martes modificar el Consejo Vasco de Participación de Víctimas del Terrorismo con nuevas funciones y una mayor presencia de la sociedad civil con el objetivo de adecuar este organismo al "nuevo contexto socio-político" tras el "final del terrorismo de ETA". En la actualidad está presidido por el catedrático de Derecho Penal José Luis de la Cuesta, director del Instituto Vasco de Criminología.

El Gobierno Vasco ha dado hoy luz verde al nuevo decreto que regula este órgano, que se encarga de canalizar las relaciones de las asociaciones de víctimas del terrorismo con las administraciones públicas en todas aquellas cuestiones que les afecten.

El nuevo texto viene a sustituir al aprobado en 2010 e incorpora reformas tanto en las funciones y naturaleza de este órgano como en su composición.

El Gobierno Vasco considera que "el nuevo contexto socio-político, sumado al final del terrorismo de ETA, ha hecho conveniente ampliar el ámbito de actuación de este Consejo", que hasta este momento se limitaba a cuestiones de políticas asistenciales a las víctimas.

Ahora abarcará el conjunto de las políticas públicas de víctimas, especialmente en su proyección y contribución al futuro, a la convivencia y a la unión entre víctimas y sociedad.

Mayor composición

Asimismo el decreto aprobado este martes amplia la composición de este órgano atendiendo a la propuesta hecha por algunas de las asociaciones de víctimas del terrorismo.

El nuevo Consejo ve aumentado en cuatro el número de sus integrantes y pasará a estar compuesto por 15 personas: una presidencia, siete representantes de las administraciones públicas y siete de la sociedad civil.

En la representación de las Administraciones Públicas se ha decidido incorporar al director del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos-Gogora por la importancia que para las políticas de víctimas tiene la relación entre la gestión de la memoria y la construcción del futuro y de la convivencia.

En el ámbito de la sociedad civil, se incrementa de tres a cinco el número de representantes de asociaciones de víctimas del terrorismo, para dar cabida a las demandas que se han venido planteando desde este colectivo.

Además, se informará de las convocatorias de cada reunión a las diputaciones forales, que podrán asistir a reuniones con voz, pero sin voto. Se podrá invitar, también, a dos víctimas con experiencia en programas de educación o contribución a la convivencia.

El nuevo decreto incorpora modificaciones que vienen a adecuarse al propio funcionamiento que ha tenido el consejo a lo largo de estos años. Así, el decreto anterior fijaba en una, el número de reuniones anuales ordinarias que debían celebrarse. Sin embargo, a lo largo de esta legislatura el Consejo se ha reunido entre tres y cuatro veces al año, por lo que el nuevo texto fija en dos el número mínimo de encuentros anuales.

El decreto anterior también establecía que las decisiones en el seno del Consejo se adoptarían por mayoría de votos. En la práctica los acuerdos se han tomado de forma colegiada y por consenso, por ello ahora se regula que, con carácter ordinario, los acuerdos habrán de ser adoptados por mayoría absoluta. Finalmente, se han fijado criterios objetivos para la designación de las vocalías representantes de la sociedad civil y se ha ampliado el período de duración de las designaciones.

El Consejo Vasco de Participación de las Víctimas del Terrorismo es un órgano previsto en la Ley de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo, aprobada en 2008.

Este órgano se encarga de proponer al Gobierno Vasco criterios de reparto de ayudas y subvenciones públicas a las organizaciones y asociaciones, y de crear cauces de participación para escuchar, atender, orientar y asesorar a las víctimas de un modo personalizado.