El Gobierno Vasco quiere reparar por ley a las víctimas policiales entre 1978 y 1999

El Gobierno Vasco ha aprobado este martes un proyecto de ley con el que quiere reparar y reconocer a las víctimas de motivación política que sufrieron violaciones de derechos humanos entre 1978-1999 mediante una norma y no un decreto, para dar mayor seguridad jurídica al apoyo a este colectivo.

El proyecto de ley es la continuidad de un decreto de junio de 2012 que ofreció la misma cobertura a las víctimas policiales (incluidas las que sufrieron torturas) del período 1960-1978 y que fue recurrido por la Abogacía del Estado por no exigir pruebas fehacientes de las lesiones sufridas.

El Gobierno Vasco considera en su exposición de motivos que la existencia de estas víctimas ha quedado "objetivamente reconocida en informes de organismos internacionales de derechos humanos".

El proyecto de ley no contempla como indispensable para acreditar la condición de víctima la existencia de una sentencia firme que lo determine sino "cualquier medio de prueba admisible en Derecho".

El Ejecutivo autonómico explica que la futura norma vasca se ajusta al procedimiento habitual que se sigue en otras normativas como la de víctimas del terrorismo y recuerda que el recurso de la Abogacía del Estado contra el decreto vasco de 2012 no impidió que fueran reconocidas por el Gobierno Vasco 187 víctimas de abusos policiales del período 1960-1078. Ahora quiere extender esta protección a las víctimas posteriores, hasta el año 1999.

Comisión de Valoración

Una Comisión de Valoración tendrá que analizar las solicitudes que se presenten, aunque para que esta ley entre en vigor deberá ser aprobada primero por el Parlamento Vasco.

La posibilidad de que estas víctimas sean reparadas y reconocidas en esta legislatura parece remota, ya que faltan seis meses para que concluya el actual mandato del Ejecutivo de Iñigo Urkullu y el verano es normalmente un periodo inhábil en la Cámara.

El Ejecutivo autonómico ha indicado que con respecto al decreto de 2012, "se depura el concepto de víctima" y se define mejor.

Así, el proyecto de ley establece que serán reconocidas y reparadas aquellas personas que hayan sufrido la vulneración de sus derechos humanos en un contexto de represión ilícita que haya afectado a su vida y a su integridad tanto física, como psíquica, moral y sexual. El contexto general en el que se hayan producido estos hechos será de motivación política.

Las compensaciones económicas oscilarán entre los 390.000 euros para las víctimas que acrediten una gran invalidez, los 135.000 euros para los familiares de quienes hayan muerto a consecuencia de los daños y los 35.000 euros para quienes arrastren desde entonces una incapacidad permanente parcial.

Con el fin de que la resolución de los casos sea lo más objetiva y rigurosa posible, y de que "no haya ningún atisbo de arbitrariedad" en el análisis de las solicitudes, cada expediente irá acompañado de un informe técnico emitido por al menos dos de los tres peritos forenses que integran la comisión de valoración que decidirá sobre quién merece la condición de víctima.