Exdirigentes de Batasuna eluden la prisión tras un pacto con el fiscal en el que admiten un vínculo con ETA

Pernando Barrena, portavoz de Sortu, junto a miembros de EHAK y ANV, a su llegada al juicio en Madrid el pasado diciembre/
Pernando Barrena, portavoz de Sortu, junto a miembros de EHAK y ANV, a su llegada al juicio en Madrid el pasado diciembre

El acuerdo alcanzado con la Fiscalía y las acusaciones populares incluye «renuncia a cualquier actividad relacionada con la violencia y el reconocimiento a las víctimas y el daño causado»

JORGE SAINZ

Los 35 militantes de Batasuna, EHAK y ANV juzgados en el sumario del caso Segura eludirán la prisión tras un acuerdo inédito con la Fiscalía de la Audiencia Nacional. A cambio, los miembros de la izquierda abertzale "renuncian a cualquier actividad relacionada con la violencia, reconocen el "daño" a las víctimas de ETA y asume la vinculación con ETA que les imputaba el Ministerio Público. De esta forma, este macrosumario 04/08 que juzgaba a la cúpula de la antigua formación política Batasuna concluye antes de lo previsto. El portavoz de Sortu y principal acusado, Pernando Barrena, ha explicado en Madrid que el objetivo era quenadie ingresara en prisión. La acusación ejercida por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia aceptaron el pacto.

Entre los acusados, para los que se pedían en un principio penas de diez años de cárcel, figuran, además de Barrena, el dirigente de Sortu Juan Joxe Petrikorena, la exalcaldesa de Arrasate Ino Galpasoro o la exparlamentaria Karmele Berasategi, o la también exportavoz de EHAK en el Parlamento Vasco Nekane Erauskin, a quienes se ha impuesto penas de entre año y medio y dos años de cárcel. Al ser condenas menores, y en algunos casos con pasos por prisión preventiva, eludirán el ingreso en prisión.

Los acusados han llegado a un acuerdo con la Fiscalía y las acusaciones que ejercen las víctimas en el que -según éstas últimas- reconocen los hechos y su calificación como delito de integración en organización terrorista. Por ello, aceptan condenas de entre año y medio y dos años de prisión, así como la inhabilitación para cargo publico en cualquier nivel de la administración.

Visto bueno de las víctimas

Las víctimas han dado el visto bueno al acuerdo gracias a que los acusados han firmado un escrito que se incorpora como hecho probado en la sentencia en el que reconocen que su conducta "fue contraria a las leyes del Estado" y "se comprometen a la renuncia de cualquier actividad relacionada con el uso de la violencia".

Ese reconocimiento quiere contribuir "a la reparación de las víctimas del terrorismo por el sufrimiento que se les ha causado", según la AVT y Dignidad y Justicia, que afirman que han aceptado el acuerdo "velando siempre por el mejor interés" de los afectados por la violencia.

También ha influido en el acuerdo y la fijación de las penas la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en junio de 2015 en el caso de las herriko tabernas, en el que se impusieron condenas en ocasiones inferiores a las pactadas.

Recuerdan las víctimas que el artículo 579 bis incluido el año pasado en el Código Penal admite la atenuación de la pena a quienes hayan abandonado voluntariamente sus actividades delictivas y colaboren con las autoridades, y también en el caso de que el hecho sea objetivamente de menor gravedad, atendidos el medio empleado o el resultado producido.