El laberinto Bateragune

Los 16 magistrados que integran la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo adoptaron ayer una resolución posible y legítima en sus términos jurídicos, pero ... del todo inesperada en su proyección pública y cuyas consecuencias desembocan en un enredo procesal sin precedentes: la repetición del juicio por el caso Bateragune por el que ya fueron condenados a seis años y medio de prisión el hoy coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y sus correligionarios Rafa Díez Usabiaga, Arkaitz Rodríguez, Sonia Jacinto y Miren Zabaleta. Que su presidente, Manuel Marchena, empujara a que fuera la Sala al completo la que se pronunciara permite medir la trascendencia del recurso presentado por la Fiscalía y por la asociación de víctimas Voces contra el Terrorismo –vinculada a Vox–, tras la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que anuló el juicio en 2018 al apreciar parcialidad hacia los imputados en la jueza Ángela Murillo. Que los 16 magistrados convocados avalaran volver a celebrar la vista, amparándose en los artículos 4.1 y 4.2 del protocolo 7º del Convenio Europeo de Derechos Humanos para evitar que la causa quede «imprejuzgada», dota de una unanimidad al paso dado que impide considerarlo arbitrario. Esa posición unívoca da a entender que la Sala apenas tenía margen de maniobra una vez recibidas las apelaciones, singularmente la de la Fiscalía; y que si existía alguna opción de interpretar en otro sentido el citado protocolo, ninguno de los 16 magistrados la contempló como la más pertinente. Pero que la resolución del Supremo sea legal y legítima, como no podría ser de otra forma, no exime al tribunal ni a los recurrentes del laberinto en que se ha adentrado el Estado de Derecho, toda vez que los imputados fueron condenados y cumplieron las penas de prisión impuestas.