El Nobel de la Paz llega escoltado por buques de guerra

Desde el verano, Washington ha desplazado al Caribe un grupo de combate liderado por el portaaviones 'Gerald Ford', presentado como operación contra el narcotráfico pero leído como señal estratégica hacia Caracas en un contexto de sanciones, disputa electoral y bloqueo político. La inclusión del llamado Cártel de los Soles en la lista de organizaciones terroristas permite endurecer aún más las sanciones y se presenta como vía para ampliar las opciones de acción contra el régimen, incluidas posibles operaciones en territorio venezolano.

En paralelo, Machado se ha consolidado como figura visible de una oposición fragmentada. Coexisten sectores que apuestan por la negociación, otros que mantienen una línea de confrontación y reclaman más sanciones, y grupos que desconfían tanto del chavismo como de los liderazgos vinculados a agendas externas. El Nobel refuerza a uno de esos sectores y reconfigura los equilibrios internos al otorgar capital simbólico internacional a una estrategia basada en la presión. Tras su inhabilitación para competir en las presidenciales, el premio actúa como mecanismo de protección y amplificador de su figura en los foros internacionales. Ese énfasis en su defensa de elecciones competitivas deja en segundo plano un elemento controvertido: en los años de mayor confrontación defendió la idea de una amenaza creíble de uso de la fuerza externa para forzar la salida de Maduro, difícil de conciliar con el principio de no intervención.

Desde el punto de vista del derecho internacional, el marco es más nítido que el debate político. La Carta de la ONU prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de un Estado salvo legítima defensa frente a un ataque armado o autorización expresa del Consejo de Seguridad. Nada de eso se da en el caso venezolano: el país no ha atacado a EE UU ni existe resolución que avale una operación militar. La designación de Maduro como terrorista ajusta el marco jurídico interno estadounidense, pero no altera esa prohibición.

Ante esa limitación jurídica, la respuesta internacional combina investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos con instrumentos de presión coercitiva, desde sanciones sectoriales hasta el despliegue militar en el entorno regional. El recurso al lenguaje antiterrorista añade estigmatización, facilita nuevas medidas punitivas y normaliza la idea de que el conflicto venezolano forma parte de una lucha más amplia contra el crimen organizado. En América Latina y el Caribe, este conjunto de movimientos despierta una inquietud ligada a la experiencia histórica y al orden regional. La región arrastra un largo historial de intervenciones apoyadas desde el exterior, por lo que muchos gobiernos combinan la crítica a la deriva autoritaria del chavismo con la defensa de la solución pacífica de controversias y de la no injerencia. La salida de Venezuela del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca reduce además el margen para invocar marcos de seguridad colectiva.

El resultado es un escenario en el que la soberanía venezolana se ve tensionada desde dos frentes: hacia afuera, por sanciones crecientes, demostraciones de fuerza y la etiqueta de organización terrorista; hacia dentro, por un sistema de legitimidad cuestionada, una oposición fragmentada y una fuerte fragilidad institucional. En este contexto, el Nobel a Machado funciona como reconocimiento a determinados sectores opositores y como pieza de una narrativa que vincula causas democráticas y tutela externa.

Venezuela se convierte así en un caso de estudio para el orden internacional. La coexistencia de investigaciones, sanciones, lenguaje antiterrorista y despliegues militares en un mismo escenario plantea si las normas que limitan el uso de la fuerza y protegen la soberanía estatal son realmente vinculantes o siguen siendo modulables según la correlación de poder. La forma en que se gestione este conflicto enviará un mensaje sobre el tipo de paz y de soberanía que está dispuesto a aceptar el sistema internacional.