Ante una infancia precaria

Poco espacio, pues, para el optimismo, si, aún sin calibrar las consecuencias de este panorama mundial, no dejan de existir familias y, mucho más, sus descendientes más pequeños, abocados a situaciones de riesgo y deterioro. Los últimos, en una edad vital para su desarrollo, interacción social y aprendizaje. A algunos les deberían sonar las alarmas. El futuro de una sociedad se cobija en la infancia, incluida la adolescencia, y si esta etapa, que suele tornarse vulnerable con facilidad, no se cuida, qué se puede esperar de lo que está por venir. Habría que interpelar a los políticos, con vistas a que se aparten de dinámicas estériles, en contraste con los retos a los que se ha de enfrentar la ciudadanía a diario.

Habrían de ser tenaces a la hora de velar por los derechos de las personas, incluidos los de la infancia, y de querer construir una sociedad más igualitaria. ¿Qué hay que pensar, si no, cuando análisis, como los de la ya curtida Plataforma de Infancia, referidos a la Encuesta de Condiciones de Vida 2025, señalan que el problema en torno a la población infantil, en situación de riesgo de pobreza y exclusión social, en España (2024), sitúa a este país a la cabeza de la pobreza infantil en la Unión Europea, una vez que el año anterior nos precediera Rumanía? Sin ahondar en consideraciones derivadas de un examen minucioso de este análisis, resultados más generales del mismo, como ese ya comentado de ser líderes en pobreza infantil, junto a que, en 2024, el 34,1% de la población infanto-adolescente se encuentra en situación de riesgo de pobreza y/o exclusión social –más de 2,7 millones de niños, niñas y adolescentes– y a que, en comparación con el 2023, se registra un leve aumento del 0,2 % –o sea, 7.415 infantes más–, ¿no debería bastar para tomar cartas en el asunto? Porque, llegados aquí, tampoco Euskadi está exento de este foco de pobreza infantil ni de sus consecuencias. Una comunidad que, con un 21,3% de tasa, inferior a la media, aquí arriba señalada, ha experimentado un aumento del 1,7% de la tasa de riesgo de pobreza y/o exclusión social, respecto al año anterior. Vendría bien aludir, aquí, a ese derecho de los menores a «un nivel básico de bienestar material y a la inclusión social», que menciona la Ley de Infancia y Adolescencia vasca (15-02-24).

No hace falta decir que pronto se vislumbra el efecto que tiene todo esto sobre el ámbito educativo, si lo más básico del vivir diario de los menores –la alimentación, un desarrollo de las actividades diarias de la vida, acorde con el que disfruta cerca de los dos tercios de la población, un trabajo más o menos estable en la familia– no está garantizado. Haciendo, como hacen los autores del estudio citado, una distribución por edades y etapas educativas, de más niños a adolescentes (de 3 a 17 años), valdría la pena señalar la relación inversa que se produce entre edad y, por así decirlo, básica necesidad satisfecha, sea esta por la administración o por el estamento escolar. Así, con menos edad, se reciben más ayudas y el centro asegura mejor determinados medios (comedores, etc.), y, con más edad, sucede lo contrario, lo que pone a los adolescentes –grupo de edad infantil en que se da mayor riesgo de pobreza y/o exclusión social– en una situación crítica para su futuro, puede que plegado a la pobreza endémica y a la marginación social. Uno piensa todavía, junto al valor de determinadas ayudas, becas e inversiones, en la importancia de fortalecer al máximo los centros, en temas como la inclusión, el refuerzo, la coordinación y los recursos humanos. No pocos esfuerzos habría que hacer, incluida la participación de entidades locales y asociaciones diversas, para revertir una situación que, conforme avanza el tiempo, lleva a alejarse del necesario ámbito escolar.