Editorial

Trabajar para vivir

En periodos de incertidumbre económica y preocupación por el futuro colectivo y personal, la conservación del puesto de trabajo se convierte en objetivo primordial. En demasiadas ocasiones, a cambio de precarización, largas jornadas, renuncias de derechos o flexibilización de las obligaciones de formación por parte de empresas y empleados. Pero avanzamos en el siglo XXI y el empleo digno pasa por la calidad que le confieren una retribución justa y la máxima seguridad posible. Conseguirlo exige compromiso empresarial a la hora de invertir en ergonomía, ventilación, revisión de maquinaria o capacitación de los trabajadores, para su actividad y para la autoprotección; y no solo porque todo ello favorece la salud de las plantillas, sino porque da brillo a la reputación de las compañías y mejora la percepción de sus clientes.

Los responsables políticos e institucionales, por su parte, tienen ante sí la tarea de actualizar una normativa que, en el caso de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, data de 1995. Y que está concebida sobre todo para peligros físicos cuando hay todo un abanico de afecciones psicológicas que dañan, estigmatizan y son difíciles de acreditar como enfermedad profesional. Un campo en el que los afectados no encuentran la asistencia debida en las mutuas. Dolencias que pasan por comunes pero son consecuencia de una actividad mal desarrollada, o capítulos como el acoso o una desconexión digital no garantizada pueden ganar la partida al absentismo.