Alarmante confusión
Editorial ·
El decreto destinado a «hibernar» la actividad económica ha entrado en vigor agudizando la incertidumbre al estar sujeto a un amplio margen para su interpretaciónMartes, 31 de marzo 2020, 07:36
Los sectores económicos no considerados imprescindibles para el funcionamiento básico del país afrontaron ayer el primer día del cierre de actividad decidido por el Gobierno ... con una moratoria 'in extremis' para poder responder a la urgencia excepcional y con serias dificultades para superar la sensación de caos que se adueñó ayer de polígonos, obras y oficinas, también entre nosotros. El devenir de otra jornada inolvidable en el desafío que está representando la pandemia vino a confirmar las dudas e incertidumbres que alimentó la tardía publicación en el BOE –al filo de la medianoche del domingo– por el Ejecutivo del real decreto llamado a regular «la hibernación» de la economía. El presidente Sánchez anunció el sábado a media tarde que «todos los trabajadores de actividades no esenciales» debían quedarse en casa a partir de ayer. El enunciado de su orden verbal responsabilizaba a los empleados de proceder a la bajada de persiana de las empresas cuya producción fuese prescindible. El domingo insistió, en la teleconferencia con los presidentes autonómicos, en su propósito de llevar al BOE la medida sin atender a quienes le pedían mayor concreción o cierta flexibilidad con las comunidades. Cuando al fin el Gobierno hizo público el decreto, éste estableció un día de margen para que las compañías lo pudieran aplicar contemplando la casuística de aquellas que precisen mantener unos mínimos de actividad –asimilados a los fines de semana– para asegurar su continuidad tras el 9 de abril, fecha límite por ahora del cierre. La redacción final del texto, que redujo a 25 los sectores básicos, aboca a la construcción y la industria pesada a una paralización temporal.
Ineludibles y sin escrutinio
Las normas fijadas por el Gobierno son ineludibles en el marco del estado de alarma que le confiere el mano único de esta crisis. Tras quince días de confinamiento, la curva epidémica no ha seguido una trayectoria tan positiva como para que la «autoridad competente» prescinda de adoptar nuevas acciones –aunque puedan resultar discutibles– que eviten más transmisiones del coronavirus mediante la reducción de la movilidad. Pero, al mismo tiempo, tales actuaciones deberían estar sujetas a un escrutinio previo con las comunidades autónomas, las principales fuerzas políticas y los agentes sociales a fin de no quebrar una unidad de acción especialmente valiosa para afrontar una emergencia tan grave como la que padece ahora el conjunto del país. El Ejecutivo ha malogrado tal oportunidad de manera incomprensible, lo que le ha puesto enfrente al PP y a sus socios del PNV, que se niegan a apoyar un decreto tan improvisado que será corregido hoy, apenas unas horas después de su publicación oficial.
La puesta en marcha de lo ordenado en el texto está sujeta a un apreciable margen de interpretación que desata confusión. Sería absolutamente improcedente que el Ejecutivo central decidiera mostrarse más estricto en su supervisión que en la literalidad de su articulado cuando no ha sido capaz de precisar con más detalle el alcance de la suspensión de actividades. Máxime cuando la propia tramitación del «permiso obligatorio retribuido» se suma a las dificultades que la Administración está evidenciando para dar cauce a los ERTE que se había comprometido a agilizar.
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