El acoso de Trump a la Corte Penal Internacional

Tribunal estable y permanente, encarna la primera jurisdicción internacional con vocación y aspiración de universalidad, competente para enjuiciar a personas físicas. Actúa sobre la base del principio de complementariedad con las jurisdicciones nacionales de los estados e interviene en los casos en que aquéllos no ejerzan su competencia o no estén en condiciones de hacerlo. Siempre respecto a crímenes cometidos después de la entrada en vigor del Estatuto (1 de julio de 2002). Su estructura la integran una presidencia, formada por tres magistrados; la División Judicial con tres secciones (Casos Preliminares, Primera Instancia y Apelaciones), a cargo de 18 jueces; la Oficina del Fiscal y el Registro y dos oficinas semiautónomas (la s del Abogado Público para Víctimas y para la Defensa). El Estatuto de la Corte Penal Internacional no ha sido firmado ni ratificado, entre otros países, por las tres grandes potencias mundiales –EE. UU., China y Rusia– y por otros Estados menores pero muy beligerantes como Israel, Cuba o Iraq.

El enfrentamiento y rechazo estadounidense proviene de los tiempos de George W. Bush, aunque previamente firmara el Estatuto Bill Clinton, quien se negó a rubricar cualquier tratado relacionado con el procesamiento por crímenes de guerra de sus ciudadanos y de ahí que también retirara la firma del Estatuto de Roma. Que la CPI pueda asumir la jurisdicción nacional de un país para juzgar crímenes es algo inaceptable para Estados Unidos. Por eso su Congreso aprobó el 2 de agosto de 2002 la Ley de Protección del Personal de Servicio de EE. UU., prohibiendo la extradición de cualquiera de sus ciudadanos a la Corte Penal Internacional e impidiendo las investigaciones de sus agentes en la potencia norteamericana.

¿Quién o qué se considera la CPI para cuestionar y juzgar cualquier actuación del gendarme del mundo? Su propio planteamiento ya se considera una ofensa para aquellos a los que Dios ha elegido para regir los destinos del planeta. ¿Cómo aceptar la arrogancia de un fiscal que, el 20 de noviembre de 2017, tuvo la osadía de solicitar autorización a los jueces preliminares para iniciar una investigación sobre presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en el conflicto armado de la república islámica de Afganistán (1 de mayo de 2003)?

Desde la victoria de Trump en las elecciones presidenciales, las presiones a las actividades de la CPI se han intensificado exponencialmente. Recordemos cuando Mike Pompeo dio orden de retirar los visados de ingreso al país de los empleados del organismo internacional el 17 de marzo de 2019. Como la CPI no se amilanó y autorizó, el 5 de marzo de 2020, a la fiscal general, Fatou Bensouda, el inicio de investigaciones sobre posibles crímenes de guerra en Afganistán, Trump firmó una orden ejecutiva en junio que permite bloquear los activos de los empleados de la Corte y evitar que ingresen en su territorio. Ante esta insólita decisión, celebrada exaltadamente por un Israel en el punto de mira de la Corte por su reciente plan de anexión y los sucesos de Gaza, tenemos que ver el trasfondo que ahorrará a Estados Unidos el disgusto de negociar decenas de acuerdos de inmunidad para sus ciudadanos.

Claro que no debemos pecar de ingenuos. La cuestión no es sólo un caso estricto de los asuntos en Afganistán. No se trata solo de quitar visados y de congelar propiedades, sino que las advertencias se extienden a personas, organismos, gobiernos y a quien pretenda investigar las acciones estadounidenses en cualquier lugar. EE. UU. amenaza directamente a quien pretenda investigar cualquier acción de la potencia norteamericana y sus aliados en cualquier parte del mundo.

Que ello se haya producido en estos momentos enfurece a Donald Trump, ya que pensó que la Corte no se atrevería, y más al final de su mandato, a iniciar esta causa. Si en noviembre es reelegido, las represalias se incrementarán; y si no lo es, su sucesor tampoco aceptará el papel de la Corte Penal Internacional.