Errenteria

«Hay avances, pero quedan mejoras»

Tatiana Bellorin y Marling Castillo, técnicas de SOS Racismo, además de Gerardo Carrere, coordinador de la asociación, dieron a conocer que «en Errenteria hay 655 trabajadoras de hogar, lo que supone una por cada 60 ciudadanos». Asimismo recordaron que, con el apoyo del Ayuntamiento, desde el año 2020 hasta el 2022, se han atendido a 841 mujeres empleadas en el sector. «El aumento respecto a 2021 ha sido del 29,32% y en el segundo del 80,70% en citas presenciales, por lo que se observa que las trabajadoras se acercan cada vez más solicitando información sobre sus derechos, principalmente cuando son violentados, y para saber si las condiciones en las que trabajan se ajustan a la legalidad», expuso Bellorin.

Respecto al perfil de mujeres que acuden a la asesoría, detalló que «las que más se pasan son provenientes de Nicaragua y Honduras seguidas por las de origen colombiano» y refiriéndose a la provincia de Gipuzkoa «el 25% son de Oarsoaldea, pero sigue a la cabeza Donostialdea. La mayor parte de las trabajadoras de hogar vienen de ahí», detalló.

Subrayó asimismo que la mayoría de las mujeres atendidas también han sido trabajadoras domésticas residentes, «casi dos tercios de las atendidas». Mirando el estatus administrativo de estas trabajadoras domésticas residentes, «el 59% se encontraban en situación regular y el 26% de ellas tenían doble nacionalidad», argumentó. Las trabajadoras de hogar residentes que pasaron por la oficina el año pasado trabajaron una media de 58,65 horas semanales, incluidas seis noches de pernocta, por un salario bruto mensual medio de 1.065,49 €, incluida la paga de horas extras. «Se les ha pagado un 40,79% menos que el Salario Mínimo Interprofesional, sin tener en cuenta el valor de las horas trabajadas en la noche». En el caso de los trabajadores en régimen extranjero, el salario era un 2,34% por encima del SMI.

Bellorin indicó que «eso significa que las trabajadoras internas en situación irregular son las que trabajan en peores condiciones, cobrando salarios más bajos y negándoles el disfrute de las vacaciones o de los festivos con el argumento de que 'como no tienen papeles no tienen derecho a ello».

Castillo explicó que «el servicio gestionó el año pasado 62 demandas –el mismo número que el año anterior–. Todas salvo una se han interpuesto una vez finalizada la relación laboral por despido o por renuncia». En las renuncias voluntarias «en su mayoría se debe a las malas condiciones laborales y al trato que sufren las trabajadoras». Castillo y Bellorin denunciaron que los recursos y medidas específicas para eliminar la discriminación y los abusos que suelen sufrir las trabajadoras «todavía no se han puesto en marcha».

Para ambas «falta un control efectivo por parte de las instituciones». Coincidieron en que las trabajadoras del hogar «no disponen de recursos para defender sus derechos. La precariedad, el aislamiento de los hogares, y en el caso de las trabajadoras inmigrantes, la ley de extranjería, dificultan en extremo su preocupación». Consideran que «la cuestión de jubilaciones se debe poner en la mesa de manera urgente. No podemos permitir que, tras haberlas explotado, muchas estén abocadas a la precariedad cuando ya no pueden trabajar».

En representación del Ayuntamiento, José Ramon Gurrutxaga 'Txokolo', concejal de Diversidad Cultural, Derechos Humanos y Cooperación al Desarrollo, agradeció a SOS Racismo «la labor que está realizando. Todos conocemos la realidad, pero es fundamental visibilizarla. El panorama es más claro con los datos, y está claro que el trabajo de sensibilización es fundamental», explicó el concejal.