La guerra no valió la pena

Fue una época en la que todo sucedió de manera muy rápida. Ingresó en el Frente 21, uno de los más antiguos y con mayor arraigo en las comunidades campesinas del Tolima, que combatieron al Ejército desde la república independiente de Marquetalia, cuna del surgimiento de las FARC.

Del Frente 21 'Jacobo Prías Alape', alias Charro Negro, considerado un mártir en el movimiento campesino anterior de 1948, la trasladaron al Frente 50 'Adán Izquierdo', al centro de Tolima, con las funciones de radista.

Manejar la radio era todo su mundo; el arma quedó aparcada. Solo una vez la enviaron con un escuadrón de una docena de guerrilleros a un pueblo. Era la única mujer. «Cuando me di cuenta de que iban a hacer 'limpieza', me dio un dolor de muelas», recuerda. Tenían una lista con nombres de paramilitares, civiles y gente sospechosa, pero su comandante la envió de regreso a la base. Y eso «me libró». Defendían unos ideales, pero la realidad era otra, pasaban otras cosas. «Hubo injusticias por nuestra parte y también del Ejército, y eso me daba mucho pesar», confiesa.

Marlin forma parte de los setenta firmantes de paz que se encuentran en proceso de reinserción desde 2017 y viven junto a sus familiares en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincoporación (ETCR) El Oso, en la zona de Marquetalia. Los ETCR's fueron 24 espacios de reincorporación que se pusieron en marcha tras el Tercer Acuerdo de Paz suscrito en 2016. Repartidos por todo el territorio colombiano, el objetivo es poder incorporar progresivamente a los excombatientes haciéndoles partícipes de proyectos productivos y agrícolas de impacto local.

Marlin es miembro de la Corporación Reencuentros, una organización de excombatientes que busca desaparecidos. «Por aquí debe haber muchísimos cuerpos enterrados», musita con la vista puesta en las montañas. Este colectivo colabora con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) creada como parte del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP. Parten de testimonios anónimos de los hechos ocurridos sobre el terreno, pero mucho tiempo después, cuando rastrean las montañas, la naturaleza ha cambiado y es difícil encontrar restos.

A día de hoy, esta exguerrillera siente miedo de las disidencias. De hecho, miembros de su grupo han recibido amenazas por su labor de búsqueda y han observado movimientos extraños desde su finca. «Por acá también hay guerrilleros. No se ven, pero están en las montañas», advierte. Forman parte de los colectivos que se negaron a dejar las armas tras la firma del acuerdo de 2016.

A Sonia (nombre de guerra) le estalló una bomba mientras la manipulaba y le arrebató tres dedos de la mano izquierda. Formaba parte de la unidad de explosivos de su escuadra en Marquetalia y era consciente de que podía sufrir algún accidente al trabajar con artefactos bélicos. No la llevaron al hospital, porque corría el riesgo de ser apresada. Su mano aún conserva las líneas de nacimiento y las cicatrices de una guerra cuyo sentido hoy se cuestiona.

En la actualidad, Sonia colabora con la Oficina de Turismo como guía en las rutas de ecoturismo de Marquetalia, una región que conoce al detalle tras su paso por las FARC. Prefiere la paz, estar en el centro de reincorporación El Oso, pero después de tanta actividad en la guerrilla le cuesta hacerse a la vida lenta y tranquila del campamento, donde recibe una asignación mensual de 1,9 millones de pesos colombianos, el equivalente a 410,27 euros. Una cantidad que le permite comprar comida y todo los necesario para sus dos hijos, que llevan su apellido. Cada uno es de un padre diferente, pero ninguno de ellos responde por su paternidad. Y la experiencia como madre soltera la ha llevado a tomar una gran decisión. «Me ligaron las trompas. Así no me fallará otra vez la planificación familiar», apunta.

El hijo mayor de Sonia, de seis años, nació, como tantos otros, en un momento de eclosión al finalizar la guerra. El babyboom fue un fenómeno tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016 que emergió después de décadas de represión en filas. Los embarazos estaban prohibidos bajo la lógica de mantener la movilidad y seguridad del grupo armado. Las mujeres combatientes se enfrentaban a abortos forzados y penalizaciones por ser gestantes, y debían entregar a sus hijos a familiares fuera de la guerrilla. Según los datos que maneja la ONU, de los 3.000 niños nacidos desde entonces, al menos 900 viven en los ETCR en condiciones precarias.

La maternidad ha significado para las excombatientes un cambio radical en sus vidas. Pasaron de ser guerreras a madres o esposas en un entorno de paz. De hecho, para algunas de ellas no fue una experiencia nueva, porque ya la vivieron en el momento de la adolescencia, antes de ser reclutadas por las FARC.

El conflicto que comenzó como una revolución del campesinado en Marquetalia ha dejado víctimas en todos los bandos. Según la Comisión de la Verdad, órgano estatal creado tras el Acuerdo de Paz, el número de homicidios a causa del conflicto ascendió a 450.664. El 27% de las víctimas cayó a manos de las guerrillas, el 45% correspondió a grupos paramilitares y el 12% las fuerzas estatales.

Las violencias perpetradas, así como las vulneraciones de derechos humanos, han quedado registradas en desapariciones forzadas, atentados, torturas, secuestros y desplazamientos forzosos. El 80% de las víctimas de esta guerra cruenta fueron civiles y el 20% combatientes. Las mujeres sufrieron el 92% de las violencias sexuales y se reclutaron alrededor de 30.000 niños, niñas y adolescentes. Marlin, Sonia y otras compañeras, fueron reclutadas siendo menores. Algunas fueron madres solteras a una edad muy temprana, y ante un futuro incierto no vieron otra salida que sumarse a la revolución. Y no se sienten víctimas de reclutamiento, sino dueñas de una decisión para «asegurar un plato de comida entre los más pobres».

Nueve años después del Acuerdo de Paz, a Marlin se le borra la sonrisa cuando hace balance. «La guerra no valió la pena. Es un tiempo perdido. No se hizo nada. Valió la pena la paz».