Cristina Fernández es juzgada por corrupción en plena campaña electoral

Rodeada de policías, custodios, periodistas y simpatizantes, Cristina acudió sonriente y en apariencia tranquila. Horas antes había declarado en redes sociales que se trata de «una cortina de humo» y «un nuevo acto de persecución con un único objetivo: colocar a una expresidenta opositora a éste gobierno en el banquillo de los acusados en plena campaña electoral». De inmediato, el ministro de Justicia, Germán Garavano, negó que haya un intento de persecución y aseguró que el proceso es «un acto de justicia».

El sábado 18, mediante un mensaje que sacudió el tablero político, Fernández, que era favorita para las elecciones de octubre, anunció que su candidato a la primera magistratura será su exjefe de Gabinete Alberto Fernández, y que ella se postulará como vice. La inesperado renuncia obligó a todos los contendientes, incluido el oficialismo, a revisar sus estrategias.

De esta manera, Cristina mantuvo la centralidad que había logrado en las últimas semanas a raíz del lanzamiento de su libro 'Sinceramente' que ha vendido más de 300.000 copias y fue presentado en un acto multitudinario en la última Feria del Libro de Buenos Aires. Pero ésta vez el protagonismo de la expresidenta es menos distinguido.

Fernández está acusada de ser la presunta jefa de una organización criminal ideada «para sustraer y apoderarse de fondos públicos» a través de obras viales en la provincia de Santa Cruz. Junto a ella está acusado su ministro de Obras Públicas Julio De Vido, ya preso por otras causas, el exsecretario de Obras Públicas José López, en la cárcel tras haber sido detenido con bolsos de dinero de sobornos, y el empresario amigo de la familia de Cristina, Lázaro Báez, también bajo arresto. Hay además otros nueve acusados en las presuntas maniobras.

La denuncia comenzó en enero de 2016 y fue presentada por el exdirector de Vialidad, Javier Iguacel, recién nombrado en el cargo por el presidente, Mauricio Macri. Iguacel pidió una auditoría por las obras en la provincia de Santa Cruz, que fue gobernada por el expresidente y esposo ya fallecido de Cristina, Néstor Kirchner. Pese a no hallarse irregularidades relevantes la denuncia se presentó. Y tres años después el juicio oral y público comenzó ayer sin pruebas.

El primer fiscal que intervino en el caso pidió revisar las 52 obras de la constructora de Báez, amigo de Kirchner en Santa Cruz, pero fue reemplazado por otros dos que no avanzaron con las pericias. El Tribunal Oral Federal que asumió el juicio pidió pruebas de al menos cinco de las 52 obras pero los técnicos advirtieron que no tendrán los resultados antes de agosto. Es decir que el proceso se inició sin que estén listas las evidencias, lo que resulta sospechoso ya que se trata de un año electoral en el que Fernández, actualmente senadora, participa.

Por esta y otras irregularidades, la Corte Suprema tramitó las quejas de la defensa y pidió el expediente. Pero ante los reclamos del Gobierno de Macri, los magistrados aclararon que la revisación no impide iniciar el proceso, que durará al menos dos años pues habrá solo una audiencia semanal. Si se comprueba la falta de pruebas o si éstas fueran favorables a los acusados, sería declarado nulo.

Cristina explicó que las obras en Santa Cruz dependían del gobernador y ministro de Economía de esa provincia, que ella «jamás» participó en esos expedientes y denunció que hay doce instancias administrativas entre ella y las obras viales regionales. También apuntó a algunos de los testigos, acusados en otras causas por espionaje ilegal y falsas acusaciones.