El vecino de Astigarraga que fue desahuciado de su caserío aún no ha podido recoger sus pertenencias

Y es que desde que los representantes del prestamista con el que contrajo una deuda hace nueve años se personaran en su domicilio y cambiaran la cerradura, este vecino guipuzcoano no ha recibido aún permiso alguno de entrada a la vivienda para recoger sus pertenencias esenciales. Julián presentó un escrito ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 7 de Donostia el mismo día del desahucio, pero el juzgado ha trasladado al prestamista Gormendino S.L. el criterio de «si permite o no la entrada de Julián».

La plataforma denuncia que la abogada del afectado no recibió notificación alguna, el acta del lanzamiento que es preceptivo, «ni previo aviso», lo que «cogió por sorpresa» a Julián ante la irrupción en el caserío a las 9.30 horas de diez personas, entre representantes legales del prestamista zaragozano, el cerrajero, agentes judiciales y la Ertzaintza. Es así como de un día para otro se vio realojado en un apartamento dotacional municipal, con tan solo tiempo de coger una camisa, una chaqueta y unas zapatillas, pero sin la medicación que toma a diario, «doce pastillas más la insulina».

El procedimiento de acción del juzgado ha sido denunciado por Stop Desahucios puesto que, «sin haber resuelto el recurso de reposición presentado en febrero por la abogada de Julián, envió la diligencia de desahucio al Juzgado de Paz de Astigarraga sin comunicárselo a su representación legal». Un «cúmulo de irregularidades cometidas» que van a ser recurridas «instando la nulidad de las mismas» a fin de conseguir que Julián vuelva «cuanto antes» a vivir en su caserío donde nació y del que es usufructuario.

Hace 9 años, este hombre «enfermo coronario» que comparte hogar junto a su sobrina Milagros, su marido y el hijo de ambos, todos ellos con una discapacidad, recurrió al prestamista Gormedino S.L. debido a «una emergencia económica» para conseguir 60.000 euros. Sin embargo, «le liaron» y acabó firmando un préstamo privado con garantía hipotecaria (el caserío) por un importe de 147.000 euros. Supuestamente los iba a cobrar en cuatro cheques, si bien solo llegó a recibir dos que, sumados, alcanzaban un valor de 60.000 euros.

En la deuda contraída se firmaron unas «cláusulas abusivas» que obligaban a la víctima a devolver en el periodo de un año la cantidad de 147.000 euros con un interés del 15% (22.050 euros) y un interés de mora al 29% (29.400 euros). Un total de 197.715 euros, que es la deuda reclamada en la demanda de ejecución hipotecaria instada en el año 2015.