El Tribunal de Cuentas del Estado decidirá en unas semanas sobre las sanciones a Intxaurrandieta y Errazkin

En la sesión, según han informado fuentes de la Diputación de Gipuzkoa, los testigos aportados por el actual Consorcio de Residuos (GHK) se han ratificado en que las decisiones adoptadas «en contra del mandato de las Juntas Generales» por Errazkin e Intxaurrandieta, «ocasionaron daños económicos por valor de más de 40 millones de euros».

El actual teniente de diputado general y en el momento de los hechos presidente de la Mancomunidad de San Marcos, Denis Itxaso, y el presidente de la Mancomunidad de Debabarrena, Arcadio Benítez, han explicado que «las irregularidades cometidas por Bildu y el riesgo económico que representaban para la sociedad» les llevó a dimitir de sus cargos en el Consejo de Administración de GHK.

La demanda, cuya interposición fue aprobada por la asamblea de GHK, tiene su origen en las irregularidades detectadas en las cuentas del ejercicio de 2012, ante las que el Tribunal de Cuentas del Estado ha abierto un procedimiento de reintegro por alcance «por supuestas irregularidades contables en el pago al contratista» y emplazó al Consorcio a interponer una demanda.

En esta misma línea, las Juntas Generales aprobaron una moción el pasado 3 de octubre, instando al Consorcio y a la Diputación de Gipuzkoa a «comprometerse en la exigencia de responsabilidades políticas, económicas y judiciales» que pudieran derivarse de la gestión del anterior Ejecutivo foral de la coalición soberanista. Por su parte, el actual presidente del Consorcio y Diputado de Medio Ambiente, José Ignacio Asensio, se comprometió a exigir responsabilidades «para proteger el interés público de los guipuzcoanos».

En la vista, Itxaso y Benítez han insistido en que advirtieron «de manera reiterada del riesgo patrimonial que comportaba para GHK la toma de decisiones que los responsables forales de Bildu propusieron y finalmente llevaron a término». Aquellas decisiones, entre las que destaca la rescisión del contrato con la UTE constructora de la planta incineradora de Zubieta, «desviándose de la norma foral que aprobó el PIGRUG», se adoptaron «contra lo que aconsejaban los múltiples informes jurídicos, técnicos y financieros que elaboraron los servicios técnicos de GHK».

«La consecuencia directa fue el pago de indemnizaciones por importe de 8,2 millones de euros y las pérdidas provocadas por los swaps, que elevan el quebranto causado por encima de los 41 millones de euros», han recordado. La valoración de las pérdidas ha sido ratificada por el director financiero de GHK que, a tal fin, ha comparecido en la vista.

En su testimonio, Itxaso y Benítez han insistido en que su proceder se atuvo «en todo momento a la defensa del interés público, con el único propósito de que se dilucide si ha existido o no menoscabo en los caudales públicos como consecuencia de una acción contraria a derecho».

«Si ha habido dolo o negligencia por parte de aquellos responsables públicos, lo dirán los tribunales. Nosotros nos limitaremos a explicar la información de la que dispusimos entonces, información que también disponían los responsables forales y miembros del consejo de administración de GHK de la época», han precisado.

El actual presidente del Consorcio y diputado de Medio Ambiente, presente en la vista, se ha pronunciado en la misma línea y ha señalado que «ahora son los tribunales los que deben determinar las responsabilidades y a todos nos tocará respetar sus decisiones».

Por su parte, la ex presidenta de GHK, Ainhoa Intxaurrandieta, y el que fuera diputado de Medio Ambiente en el Gobierno foral de Bildu, Iñaki Errazkin, han estado acompañados en Madrid por una delegación de la coalición soberanista encabezada por el diputado general de Gipuzkoa cuando sucedieron los hechos, Martin Garitano. También han arropado a los acusados la diputada de EH Bildu Marian Beitialarrangoitia, el alcalde de Azpeitia, Eneko Etxeberria, y la ex diputada foral Garbiñe Errekondo, entre otros.

La expresidenta del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK), Ainhoa Intxaurrandieta, ha asegurado previamente a la vista que afrontaban el juicio «con mucha fuerza, positivos y orgullosos», y ha incidido en que lo volverían a paralizar porque «era la única solución posible» ante una infraestructura «que estaba sobredimensionada, que generaba ya grandes pérdidas antes de empezar a construirla y era deficitaria de por sí y no había otra opción que rescindir el contrato».

Por otro lado, el sindicato LAB, a través de un comunicado, ha mostrado su apoyo a Intxaurrandieta y Errazkin, y ha reiterado que ambos «no hicieron más que cumplir el mandato de los ciudadanos». En ese sentido, ha resaltado que la decisión que tomaron «obstaculizó el negocio de algunos, puso en duda el modelo que impulsa el PNV y eso es lo que les quieren hacer pagar».