Los transportistas vuelven a recurrir los peajes guipuzcoanos por «discriminatorios»

Los transportistas del Estado anunciaron en verano que si la Diputación mantenía su plan de tramitar una nueva norma foral, diferente a la anulada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), volverían a recurrirla, tal y como hicieron con la primera norma. Dicho y hecho. Ninguna de las partes farolea con este tema. Si el Gobierno foral ya tiene su nuevo marco regulador del peaje, aprobado por las Juntas Generales el 7 de noviembre, el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) ya ha acudido al TSJPV a interponer el correspondiente recurso contencioso-administrativo por «discriminación». Sus abogados registraron el pasado 5 de diciembre el escrito de anuncio de interposición de recurso ante el alto tribunal vasco. Lo hicieron después de que el 22 de noviembre así lo decidieran, en un Pleno, las principales asociaciones de transportistas del Estado, incluída Fitrans, federación a la que pertenece la patronal guipuzcoana Guitrans.

Este segundo recurso abre el que se antoja como caso clave para el futuro del peaje para camiones en el eje de la N-1. El sistema que sigue vigente será refrendado o anulado por el Supremo, pero para cuando llegue su pronunciamiento ya habrá entrado en vigor el nuevo peaje, es decir, el de los tramos y tarifas modificadas.

En el procedimiento judicial abierto contra la primera norma, lo más inminente es la decisión del Supremo de admitir o no a trámite el recurso interpuesto por la Diputación y por las Juntas Generales Gipuzkoa. El 29 de mayo presentaron el texto que manifiesta la voluntad de recurrir y semanas más tarde formalizaron el texto jurídico. El Supremo comunicará en breve si entra a estudiar el asunto a fondo o renuncia a ello después de que el 15 de noviembre dictara el auto por el que designa al magistrado ponente que se encargará de resolver sobre la procedencia o no del recurso de casación.

Los transportistas esperan que el recurso no sea ni siquiera admitido a trámite, lo que provocaría que la anulación del TSJPV se hiciera firme y obligaría a la Diputación a dejar de cobrar el paso por los arcos. Sin embargo, los plazos han corrido tanto que en el palacio foral confían en que, incluso en dicho supuesto, para cuando la burocracia exigiera la anulación efectiva del primer peaje, el segundo ya estaría activo.

Con la norma foral ya aprobada, esta nueva versión del peaje se empezará a aplicar cuando así lo decida el consejo de Gobierno -gracias a una disposición adicional recogida en la norma foral-, pero no más tarde del 15 de mayo del año que viene. La Diputación espera a la recepción del dictamen de la Comisión Europea que de luz verde a la norma y a la colocación de dos nuevos arcos de Astigarraga y Andoain, necesarios para la nueva estructura de cobro. A partir de ahí, puede empezar con la segunda experiencia del sistema AT.

Será, por tanto, la segunda línea de judicialización, la emprendida la semana pasada por el CNTC, la que arroje una conclusión definitiva sobre la legalidad del canon a camiones. De momento, el marcador se vuelve a poner a cero. Con la anterior norma, el recurso de los transportistas se formalizó el 12 de enero de 2017, siendo la fecha de la sentencia anulatoria del TSJPV el 9 de abril de 2018. De la extrapolación de los plazos se deriva que el fallo del alto tribunal vasco llegaría durante el primer cuatrimestre de 2020.

Hasta esa fecha la Diputación tiene despejado el cobro del canon a vehículos pesados. Hasta esa fecha y más allá, porque luego arrancaría otra prórroga con los más que probables recursos de casación al Supremo bien de la propia institución foral o bien de las asociaciones de transportistas.

La argumentación del recurso de los transportistas no variará sustancialmente de la que ya logró convencer al TSJPV con el primer peaje. Fuentes del Comité Nacional de Transporte por Carretera explican que «la discriminación por origen y destino seguirá estando presente en nuestra reclamación por mucho que la Diputación haya querido camuflar con otra norma el carácter discriminatorio de la actual regulación del peaje». Los transportistas no están por la labor de ceder en su lucha contra el peaje al considerar la N-1 una vía estratégica por donde cada día pasan más de 10.000 camiones.

La sentencia anulatoria concluía que el sistema de arcos penaliza a los vehículos pesados de fuera de Gipuzkoa porque son ellos quienes realizan los tramos más largos y, por tanto, los que tienen asociado un pago mayor, mientras que los guipuzcoanos se mueven sobre todo por dentro del territorio y abonan solo la tarifa de Andoain (menos de un euro).

Ante esta interpretación, la nueva norma aumenta el pago de los movimientos internos. La mayor novedad del nuevo planteamiento consiste en alargar el tramo intermedio cobrado por el arco de Andoain de 2,2 a 5,37 kilómetros -bien sea hacia Lasarte por la N-1 o hacia Urnieta por la A-15-, cuyo coste será de 1,18 euros para los Pesados 1 y de 1,50 euros para los Pesados 2. Ahora pagan 0,56 y 0,69 euros respectivamente.

Además del argumento de fondo de la discriminación, esta vez el CNTC alega también cuestiones técnicas para oponerse a la nueva norma foral. Se refiere, por ejemplo, a la «inseguridad jurídica» que plantea la fecha de aplicación, ya que «si bien la norma señala que su entrada en vigor se produce al día siguiente de su publicación el Boletín Oficial, una disposición adicional señala que el inicio de las nuevas condiciones tendrá lugar cuando lo determine la Diputación». También considera grave que la nueva norma foral ha sido aprobada «sin contar con el preceptivo informe previo de la Comisión Europea que exigen las Directivas europeas en materia de infraestructuras, lo que supondría una clara vulneración de la normativa comunitaria».

Con todo, el TSJPV tendrá que estudiar de nuevo la legalidad del peaje de la N-1 para camiones. Queda por ver si aprecia cambios suficientes respecto a la primera versión como para concluir que ya no incurre en ningún tipo de discriminación o, si por el contrario, mantiene la misma tesis que le llevó a anular el sistema de cobro.