El Tribunal Supremo zanja que EH Bildu paralizó la incineradora sin base legal

Imagen de archivo de las obras de construcción de la incineradora. /Arizmendi
Imagen de archivo de las obras de construcción de la incineradora. / Arizmendi

Confirma la «nulidad de pleno derecho» de aquella decisión y pone fin al recorrido judicial sobre la legalidad de la rescisión del contrato

Gaizka Lasa
GAIZKA LASA

El Tribunal Supremo (TS) ha dado carpetazo al largo culebrón judicial que trataba de dilucidar si la decisión del Gobierno foral de EH Bildu de paralizar la incineradora de Zubieta en noviembre de 2013 era legal o no. Y lo que ha hecho es confirmar lo que primero resolvió el Juzgado de Donostia en enero de 2017 y lo que un año más tarde ratificó el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). Ha concluido, por tanto, que los responsables públicos de la coalición abertzale incurrieron en una «desviación de poder» al truncar, de facto, los planes trazados por las Juntas Generales de Gipuzkoa.

En una breve diligencia de tres páginas, firmada en Madrid a 10 de enero, a la que ha tenido acceso este periódico, la sección primera de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo acuerda la inadmisión a trámite del recurso de casación presentado por las mancomunidades de Tolosaldea y Urola Medio, ambas dirigidas por EH Bildu, contra la sentencia del TSJPV que campeaba en el marcador hasta este jueves. El fondo del asunto seguía sin zanjarse mientras quedaran recursos pendientes. Solo cabía una sentencia más. El Supremo agotaba las instancias. Pero ni siquiera ha hecho falta otro elaborado y complejo fallo sobre un no menos correoso asunto. El TS ha decidido no admitir a trámite el último recurso posible. Así, de facto, convierte en firme la sentencia del TSJPV. Se acabó.

Con esta medida, se da validez a las tesis esgrimidas en las dos resoluciones emitidas sobre el tema y se decreta «la nulidad de pleno derecho» del acuerdo al que llegaron Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa (GHK) y las empresas adjudicatarias (FCC, Serbitzu Elkartea, Altuna y Uria, Murias y AEEInnova) para rescindir el contrato de adjudicación de aquel proyecto de planta de valorización energética en Zubieta. Cinco años más tarde de aquella controvertida medida, finaliza el recorrido judicial con un rotundo 'No'. No se podía hacer en base a la ley.

No hay, por tanto, nuevos argumentos sobre el tapete. La justicia acaba por rechazar la premisa de EH Bildu de que se actuó por «legitimidad democrática» y se alinea con la postura de quienes advirtieron que se cometía un fraude al actuar a espaldas de lo que las Juntas Generales de Gipuzkoa, sede de la soberanía popular, habían planeado para el territorio en materia de infraestructuras de residuos.

El TSJPV explicaba que la paralización hubiera sido legal si respondiera al objeto de «dar una nueva e idónea dimensión a la infraestructura cuya realización se le había encomendado, para posteriormente volver a contratar su ejecución y explotación sin cuestionar las previsiones y determinaciones del planeamiento sectorial y territorial». Sin embargo, consideraba que la finalidad del Consorcio era «suplantar por la vía de los hechos consumados» el modelo de eliminación de residuos imperante –el determinado por el Parlamento de Gipuzkoa– por otro sistema alternativo por un motivo de «disconformidad de sus rectores» con dicho modelo.

El pronunciamiento de Supremo era esperado después de que en octubre del año pasado el Tribunal de Cuentas de España, en el marco de un procedimiento contable, entrara a hacer valoraciones de fondo en defensa de la actuación de los responsables de EH Bildu. Decía que la paralización se limitó «a impedir la construcción y explotación de una incineradora sobredimensionada e inviable, pero no supuso obstáculo alguno fáctico ni jurídico para que, posteriormente, se pudiera contratar la construcción de otra instalación correctamente dimensionada».

Estas valoraciones acompañaban a la absolución del exdiputado de Medio Ambiente, Iñaki Errazkin, y la expresidenta de GHK, Ainhoa Intxaurrandieta, en un procedimiento de reintegro por alcance. Se les eximía de tener que devolver el dinero que, según la versión del Gobierno bipartito (PNV-PSE), se acumulaba de pérdidas por paralizar la incineradora. Más de 40 millones de euros, sumando las indemnizaciones (11 millones) y los dichosos swaps: seguros por la cobertura de la fluctuación del tipo de interés de aquel crédito solicitado para construir la planta.

El Tribunal de Cuentas eximió a los responsables de EH Bildu, pero el Consorcio de Residuos ya ya recurrido esa decisión y el diputado foral de Medio Ambiente, José Ignacio Asensio, reiteraba tras conocer la inadmisión del Supremo que «ha llegado el momento de que Bildu asuma sus responsabilidades». Añadía que «el máximo Tribunal ha puesto negro sobre blanco que los responsables de Bildu se saltaron las normas, causando pérdidas superiores a los 40 millones de euros a las que hemos tenido que hacer frente todos los guipuzcoanos y guipuzcoanas». El portavoz foral, Imanol Lasa, sañalaba, por su parte, que el Supremo confirma «que el anterior Gobierno primó los intereses políticos al gestionar los residuos haciendo caso omiso al sentir mayoritario de la ciudadanía y al mandato de las Juntas Generales, sin tener en cuenta a los técnicos y sus informes».

 

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