El Superior vasco confirma la nulidad de una OPE de 100 plazas de la Diputación por el requisito del euskera

La sentencia, fechada el 24 de octubre de 2025, rechaza los argumentos de los servicios jurídicos de la Diputación y ratifica la decisión previa del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de San Sebastián, que ya el pasado 28 de febrero había anulado el proceso que el ente foral había abierto para estabilizar un centenar de puestos de administrativo tras la denuncia de un afectado.

Concretamente, el acuerdo del Consejo de Gobierno foral de 12 de diciembre de 2023 convocaba 81 plazas por el turno libre de acceso general, otras 9 por el turno libre para personas con discapacidad y diez más por el turno de promoción interno. El fallo del TSJPV detalla que 96 de esas plazas exigían el perfil lingüístico 2 y las cuatro restantes el 3, con carácter preceptivo en ambos casos, de modo que «todas las plazas ofertadas» requerían el conocimiento del euskera como requisito de participación en el proceso selectivo.

El texto recuerda además que, de los 340 puestos de administrativo que en la actualidad existen en la Diputación de Gipuzkoa, sólo uno no tiene fecha de preceptividad vencida, «de manera que la exigencia de euskera afecta a más del 99% de los puestos de administrativo» de la institución y «al 100 % de los ofertados en la convocatoria impugnada».

«La forma de proceder de la DFG (Diputación Foral de Gipuzkoa) supone la privación del derecho al acceso al empleo público para más de la mitad de la población de la provincia», afirma la sentencia, que recuerda que solo entre el 20% y el 25% de las comunicaciones con la administración foral se realizan en euskera.

En la sentencia, el Superior vasco apela a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y atribuye el deber de garantizar el conocimiento de dicha lengua -en este caso el euskera- corresponde a la Administración «en su conjunto», y no a cada funcionario individual. «Debe buscarse un equilibrio entre el derecho a relacionarse en euskera y el derecho de los castellanohablantes a acceder a la función pública. Y le corresponde a la administración buscar la vía para garantizar ambos derechos, sin que pueda hacer recaer en cada uno de los funcionarios una obligación que, materialmente, supone la discriminación de más de la mitad de la población.», señala la resolución.

El tribunal impone además las costas del procedimiento (2.000 euros) a la Diputación Foral de Gipuzkoa. Contra la sentencia cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo o ante la propia Sala de lo Contencioso del TSJPV.