Francisco Pedraza | Director general de Lanbide

«Solo el 0,2% de los perceptores obtienen la RGI de forma fraudulenta»

– Lanbide acaba de poner en marcha un buzón para denunciar fraudes en el cobro de la RGI y el IMV. ¿Cuántas personas obtienen de forma fraudulenta estas ayudas económicas en Euskadi?

– Muy pocas. Las personas que obtienen estas prestaciones de forma fraudulenta son solo el 0,2% de todos los expedientes. Aunque son pocos, tienen mucha repercusión y cada vez que sale un caso se genera la sensación de falta de control. Las personas que cometen fraudes son ilícitos penales, y esos son pocos, pero pueden hacerlo de una manera sofisticada y causar un perjuicio económico importante.

– ¿Cuánto dinero se ha defraudado el último año?

– Este año los casos probados con sentencia han sido dos, que no pasan de los 500.000 euros, uno era 300.000 y el otro alrededor de los 150.000. El año pasado hubo alguno más. Pero tenemos 57.000 personas que perciben la RGI, con un presupuesto de más de 600 millones de euros. Solo hay que comparar los datos, son mínimos. Por esas pocas personas que cometen fraude la percepción social de los perceptores de la RGI se ve perjudicada de una manera injusta. Pero eso no quita para que nosotros tengamos que mejorar e intentar que el fraude sea el menor posible.

– ¿Por qué se ha decidido poner en marcha este buzón ahora?

– Uno de nuestros compromisos es, al mismo tiempo que ampliamos derechos con la nueva ley, desarrollar instrumentos de control. Y es lo que hacemos con este buzón, entre otras medidas. Es consecuencia de una progresión, del nuevo sistema que estamos desarrollando a partir de la ley. Es una de las medidas del sistema de inspección que hemos puesto en marcha. También se permite que las personas demandantes de la RGIpuedan solicitar la prestación con una declaración responsable, antes de presentar toda la documentación. Así, Lanbide consigue dar la RGI a esas personas que tienen necesidad en un plazo aproximado de un mes. Pero luego se comprueba esa declaración en la unidad de inspección. Hemos tenido 5.800 solicitudes por esta vía y, tras analizarlas, solo se ha encontrado algún caso de incorrección en catorce. Todas las demás, cumplían. Hemos iniciado una investigación para ver qué cosas son incumplimientos y qué otras, errores. La inmensa mayoría de la gente tiene un comportamiento honesto y hace un uso honesto de esta prestación.

– Esta nueva herramienta permite presentar denuncias de forma anónima. ¿Podría esto derivan en acusaciones falsas?

– No, tenemos un sistema de filtrado que no va a permitir eso. Ya tenemos un buzón para comunicar denuncias con nombre, apellidos y pruebas. Ahora hemos abierto uno de comunicación informal de posibles incumplimientos del buen uso de las prestaciones, pero no es que hayamos potenciado la denuncia antifraude. Antes ya nos mandaban informaciones sobre sospechas de fraude por correo electrónico o cartas, incluso ha habido algún caso de meternos cartas por debajo de la puerta. Han sido 71 las denuncias que ha habido de este tipo este año y prácticamente todas han sido desestimadas, menos dos o tres que se están investigando. Lo que hemos hecho con este buzón simplemente es ordenar ese tipo de comunicaciones de la ciudadanía con Lanbide.

– Hay quien dice que esta medida criminaliza a quienes necesitan de estas prestaciones para salir adelante.

– No queremos estigmatizar a las personas perceptoras ni nada por el estilo, como se está diciendo. Simplemente queremos contribuir a que el sistema funcione lo mejor posible.

– ¿Qué procedimiento seguirán desde el Servicio Vasco de Empleo cuando se detecte que verdaderamente la persona denunciada ha cometido un fraude?

– No vamos a dar veracidad a esa denuncia inmediatamente. Lo que hacemos es recoger de una manera ordenada esas informaciones y las estudiamos. Si son comunicaciones sin ningún tipo de fundamento, las descartamos; y si vemos que hay indicios de un problema o algún tipo de evidencia, hacemos una investigación interna. Pero en ningún tipo es una denuncia inmediata. Si tras la investigación hay una sospecha cierta de fraude, se lo comunicamos a la policía y a las fuerzas y cuerpos de seguridad para que investiguen y, en todo caso, a la Fiscalía, pero esto ocurre muy poco.

– ¿Cuáles son los tipos de fraude más cometidos?

– Generalmente, todos parten de una falsificación documental, que es un delito. Suele ser que una persona se disfrace en una identidad que no hemos sabido detectar y ha generado durante meses ingresos que no les corresponden. Los cobros indebidos son otra cosa, pequeñas irregularidades o errores que se pueden corregir y se reclaman. El fraude ocurre cuando alguien conscientemente, voluntariamente y premeditadamente está intentado cometer un delito.

– ¿A cuántos perceptores de la RGI se les ha suspendido la prestación el último año?

– En todo el año 2023 y 2024 hasta octubre se han realizado 9.985 suspensiones de la RGI por superación de ingresos. Se ha extinguido la prestación a 2.070 personas por no comparecer o presentar la documentación requerida, a 1.734 por incumplimientos vinculados al itinerario de inclusión sociolaboral, a 729 por pérdida de empadronamiento y a 25 por inexactitudes, falsedades u omisiones en declaraciones responsables, entre otros.

– Un nuevo decreto reforma la RGI que cobran trabajadores pobres con el objetivo de favorecer a las familias y al empleo. Pero la consecuencia es que reduce la ayuda a 8.000 hogares de uno o dos miembros y la eleva a 4.415 con tres o más. ¿Se desfavorece a unos para beneficiar a otros?

– No. El sistema de estímulos al empleo pretende que las personas que reciben la RGI puedan complementar trabajos y que les compense trabajar más que quedarse en la RGI. El objetivo es que sea transitorio, hasta que dejes de necesitar la RGI. Hemos hecho una evaluación y hemos visto que teníamos que corregir cosas. Familias unipersonales estaban discriminadas positivamente y tenían más ventajas que las familias con hijos a su cargo. Además, no incentivaba que la gente quisiera trabajar más. El nuevo modelo resuelve esto.

– Pero aunque no sea el objetivo, unos van a ver la cuantía reducida y otros, aumentada.

– Pero porque se hace un sistema de reparto más justo y equilibrado. No tienen los mismos gastos las personas que viven solas que las que viven con hijos o personas dependientes. Es de justicia favorecer a las que más carga tienen.

– Con la nueva ley a las víctimas de violencia machista, de trata o a los refugiados no se les exige antigüedad en el empadronamiento. ¿Cuántas personas que antes no podían cobrar esta ayuda la reciben ahora?

– Se ha hecho una discriminación positiva. Ha favorecido a 913 mujeres víctimas de violencia machista, 32 víctimas de trata de derechos humanos o explotación sexual y 1.385 personas refugiadas o en solicitantes de protección temporal.